Aprueban mandato para que comisión temporal indague las cárceles y supuestos vuelos de la CIA, así como la posible responsabilidad de gobiernos europeos.
Estrasburgo (Francia), (EFE).- La comisión temporal del Parlamento Europeo sobre las actividades de la CIA investigará no sólo los supuestos vuelos y cárceles secretas estadounidenses en la UE, sino también la posible "complicidad" de los gobiernos europeos.
El pleno aprobó hoy por amplia mayoría el mandato propuesto por los presidentes de los grupos políticos para esta comisión, que comenzará sus trabajos previsiblemente la próxima semana, según fuentes parlamentarias.
El órgano deberá recopilar y analizar información que aclare si la CIA "u otros agentes o servicios de inteligencia de EEUU o de países terceros han realizado secuestros, 'entregas extraordinarias', detenciones en lugares secretos, torturas o trato inhumano o degradante a prisioneros en territorio de la UE o de los países candidatos y de la adhesión".
Según la organización no gubernamental Human Rights Watch, Polonia, miembro de la Unión, y Rumanía, en vías de adhesión a la UE, habrían acogido actividades ilegales de la CIA en el marco de la lucha contra el terrorismo, aunque ambos países lo han desmentido.
También tratará de aclarar si se ha utilizado el territorio europeo, por ejemplo "mediante vuelos desde o hacia" países de la UE, como paso intermedio para cometer estas actividades ilegales fuera de Europa, o si se han visto afectados en ellas ciudadanos europeos o "con derecho a protección por parte de la UE".
Además, habrá de analizar "si estados miembros o instituciones de la UE han estado implicadas o han sido cómplices en casos de privación individual de la libertad de detenidos".
El canciller austríaco y actual presidente de la UE, Wolfgang Schüssel, abogó hoy ante el pleno por que tanto Estados Unidos como los Estados miembros de la UE aporten "toda la verdad" sobre este caso, ya que no se pueden aplicar distintas varas de medir" en materia de derechos humanos.
La comisión temporal trabajará durante un periodo de un año, prorrogable, aunque habrá de elaborar un informe preliminar de conclusiones en el plazo de cuatro meses desde su apertura.
Los grupos políticos que integran el Parlamento Europeo negocian ya su composición, que será votada por el pleno mañana jueves.
Estará integrada por 46 miembros repartidos entre los diferentes grupos políticos en función de su peso respectivo en el hemiciclo (Partido Popular Europeo, 17 miembros; Socialista, 13; Liberal, 6; Verdes, Izquierda Unitaria, Independencia y Democracia, Europa de las Naciones y No Inscritos, dos cada uno).
Una vez empiece sus trabajos, será la propia comisión temporal la encargada de elegir a su presidente y vicepresidente, así como al ponente de su informe de conclusiones.
Según fuentes parlamentarias, el conservador portugués Carlos Coelho se perfila como posible presidente, mientras que la liberal británica Sarah Ludfor podría ser vicepresidente, y el socialista italiano Giovanni Fava, ponente.
Al menos cuatro eurodiputados españoles, Agustín Díaz de Mera (PP), Elena Valenciano (PSOE), el catalán convergente Ignasi Guardans (Grupo Liberal),y Raúl Romeva (Los Verdes), aspiran a formar parte de la misma, agregaron las fuentes.
El formato de comisión temporal ofrece a los parlamentarios menos poder para pedir documentos clasificados o comparecencias que el de comisión de investigación, que era la opción defendida en inicio por grupos minoritarios como Los Verdes o Izquierda Unitaria Europea.
Pero los principales grupos, PP Europeo y Socialista, impusieron la comisión temporal después de que un informe jurídico dictaminase que no hay indicios suficientes de "infracción o mala administración del derecho comunitario", única causa que puede motivar la apertura de una comisión de investigación.
El Parlamento desarrollará sus pesquisas en el marco de la colaboración "más estrecha posible" con el resto de instituciones que han incoado investigaciones sobre el asunto: el Consejo de Europa, la Comisión Europea, el Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos o los parlamentos nacionales.
