Luego del contundente golpe propinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Administración de Vicente Fox, al declarar inconstitucional la expropiación de 27 ingenios azucareros (en septiembre de 2001), la reacción de las autoridades podría ser considerada como inaudita, si de métodos de afrontar problemas en otras latitudes se tratara, pero como hablamos del “Gobierno del Cambio” pues resulta la lógica y natural: el vocero Rubén Aguilar Valenzuela, dio la cara a los medios de comunicación para afirmar que se respetará el fallo y que no se trata de ningún fracaso; por el contrario “la decisión de expropiar esos ingenios fue la acción correcta en su momento y se devolverán saneados de manera inmediata, de acuerdo a lo dictado por la Corte”.
Bien, salvo los detalles, de esos que terminan costando miles de millones de pesos y que no son otros, sino nosotros los ciudadanos, los que finalmente pagamos. El Gobierno Federal argumentó hace casi cinco años que las empresas que a la postre fueron expropiadas, registraban altos niveles de endeudamiento, falta de pagos a los productores de caña y eran económicamente inviables, pero el pleno de la Corte determinó que las citadas deudas no ponían en riesgo el abasto de azúcar en el país, por lo que la medida no era necesaria ni generaba un beneficio colectivo.
Y aún más: el ministro Sergio Aguirre Anguiano, puso el dedo en la llaga al señalar que a la sociedad se le transfirió el costo del rescate de los ingenios, “porque con los impuestos de la población se pagaron las expropiaciones, siendo que el Gobierno podía haber obligado a las empresas a cubrir sus deudas mediante otros mecanismos”. Ahora, esos ingenios perfectamente saneados -también con recursos del erario- se devuelven a sus dueños y habría que esperar el reclamo de las indemnizaciones por los daños causados ante una medida que resultó ilegal. También esas indemnizaciones saldrán de esa gigantesca bolsa que es de todos los mexicanos y que en forma errática manejan nuestras autoridades.
Aún así, el vocero asegura que no se trata de un fracaso. La gran conclusión que deja ésta, la enésima pifia de la actual Administración federal, es que independientemente de lo justo u oportuno; de que se acredite o no la causa de utilidad pública, al menos en la forma, el Gobierno debería hacer las cosas bien... pero ni eso.
