El panista Héctor Larios, dijo que "ya es hora" de rescatar la gobernabilidad en Oaxaca, por lo que planteó el ingreso de la fuerza pública.
EL UNIVERSAL
MÉXICO, D.F.- Las auditorías que la Secretaría de Gobernación ofreció a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y a la sección 22 del magisterio para solucionar el conflicto en el estado, ya están en marcha. Fuentes consultadas confirmaron que la Secretaría de la Función Pública (SFP) revisa la aplicación de recursos en programas federales con los que cuenta la entidad, principalmente el de Oportunidades, así como los recursos para educación.
Sin embargo, explicó la fuente consultada, salvo el renglón educativo, la mayoría de los recursos son manejados por delegados federales y citó como ejemplo el caso de Oportunidades, cuyo representante es Bernardo Jesús Barragán Salazar, un panista ex alcalde de Huajuapan de León.
Por otro lado, de acuerdo con Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública federal ya tiene listo el marco jurídico para sustentar que un mando con rango de subsecretario de esa dependencia tome en sus manos la dirección de las policías en Oaxaca.
La subcomisión de senadores que analiza la situación que prevalece en Oaxaca inició sus trabajos.
En la reunión con Ulises Ruiz Ortiz, éste dijo que su Gobierno presentará documentos de todas las áreas administrativas para demostrar que han estado funcionando durante estos meses de tensión. Fue en el aeropuerto local, en el hangar del Gobierno del estado, donde se llevó a cabo el encuentro con la participación de todos los secretarios del gabinete que detallaron lo que han hecho en sus respectivas áreas.
En el encuentro con diputados locales, el presidente del Congreso, Bulmaro Rito Salinas, advirtió que "no ha lugar para la desaparición de poderes en la entidad".
"Vamos a demostrar que aun en condiciones difíciles el Congreso ha aprobado reformas trascendentes", añadió Rito Salinas. A su vez, Anuar Mafud, presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, dijo por su parte que en el Poder Judicial trabajan 52 juzgados y sólo en 18 -en la capital del estado- se paralizaron las labores.
La subcomisión de senadores se reunió también con la dirección colectiva de la APPO, en la que también tienen representación los maestros.
Enrique Rueda, líder de la sección 22 del SNTE, ni Flavio Sosa, principal representante de la APPO, estuvieron presentes en la reunión.
Flavio Sosa estuvo en la ciudad de México con la dirigencia del PRD.
En tanto, en el palacio legislativo de San Lázaro, el coordinador del PAN, Héctor Larios, dijo que "ya es hora" de rescatar la seguridad y la gobernabilidad en Oaxaca, por lo que planteó el ingreso de la fuerza pública en un operativo bien diseñado para evitar que exista violencia.
Manuel Espino, líder del PAN, urgió al Senado a que determine que no procede la desaparición de poderes en Oaxaca y así dar paso a la búsquedad de otros caminos de solución, incluida la salida del gobernador Ruiz.
La subcomisión senatorial inició sus trabajos con un "extrañamiento" al secretario de Gobierno de Oaxaca, Heliodoro Díaz, quien la víspera dijo que la visita había sido suspendida por el resurgimiento de la violencia.
"Quizá fue un intento de amedrentar para que la comisión no viajara, pero no nos van a amedrentar", dijo Alejandro González Alcocer, integrante de dicha instancia legislativa.
Niega Cué responsabilidad
El senador de la República por Convergencia, Gabino Cué Monteagudo, negó contundentemente estar detrás de los enfrentamientos y balacera entre miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y policías del estado de Oaxaca.
En entrevista radiofónica, Cué Monteagudo dijo que las acusaciones del senador priista Carlos Jiménez es un acto desesperado por defender la imagen del gobernador Ulises Ruiz Ortiz y de convencer que la crisis en el Estado es un problema partidista.
"Carlos (Jiménez Macías) ha jugado un rol muy perverso en el Senado. Es el vocero, defensor de Ulises (Ruiz) tal vez porque es el delegado del PRI en el estado de Oaxaca. Desde que inició esta legislatura (ha tratado) de dar una imagen que el conflicto en Oaxaca es un asunto de partidos".
