Critica Soberanes los nulos avances de las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia.
Agencias
México, DF.- La lucha contra la inseguridad pública durante el Gobierno del presidente Vicente Fox ?ha quedado como un compromiso inconcluso? y es un signo de ineficacia e incapacidad, denunció ayer el Ombudsman de México.
?Ni la vida, ni la seguridad, ni el patrimonio, que son derechos fundamentales, están siendo debidamente protegidos?, denunció José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Cada nuevo Gobierno busca corregir los fracasos de los anteriores, afirmó Soberanes durante la presentación del Informe Especial sobre el ejercicio efectivo del derecho a la Seguridad Pública en México.
El Ombudsman criticó las dieciséis Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia realizadas desde 1996 en el país, y dijo que no se conoce ?evaluación integral alguna de que a partir de dichos esfuerzos se hayan logrado reducciones verdaderas y significativas en el crecimiento galopante de la incidencia del delito?.
Otro punto que destacó en el informe es que la estadística criminal que se tiene disponible refleja que se agravó el delito en casi todo el país, y de acuerdo con estudios de opinión ciudadana cuatro de cada diez mexicanos se sienten inseguros o muy inseguros en el lugar en el que viven.
José Luis Soberanes Fernández destacó que los últimos 11 años los presupuestos federales en la materia aumentaron casi 50 veces al pasar de 276 millones de pesos en 1994 a 13 mil 451 millones de pesos en 2005.
En su discurso, el Ombudsman sostuvo que en el sexenio de Fox la seguridad pública ?ha quedado como un compromiso inconcluso?, que ha ?condenado a la frustración a sus cuatro planes de seguridad?.
El informe de la CNDH advierte además de que en el país existe una ?desproporcionada y alarmante? relación entre las órdenes de aprehensión emitidas y las realmente ejecutadas.
El documento presenta dieciséis recomendaciones entre las que destacan garantizar a las víctimas de un delito la aplicación de la justicia inmediata, completa e imparcial, el desahogo inmediato de las órdenes de aprehensión rezagadas, la consolidación de un archivo nacional de huellas dactilares y el establecimiento de programas de profesionalización de agentes de policía.
