ayer rindieron protesta, y pasado mañana tomarán posesión de sus cargos, los nuevos integrantes del consejo general del Instituto Electoral del Distrito Federal. Lo presidirá el doctor Isidro H. Cisneros y serán consejeros, enumerados en el orden alfabético de sus apellidos Gustavo Anzaldo, Fernando Díaz Naranjo, Ángel Rafael Díaz Ortiz, Carla Astrid Humphrey, Yolanda Columba León Manríquez y Néstor Vargas.
Sustituyen al primer consejo, elegido en 1999 e integrado entonces por Javier Santiago Castillo, que lo presidió, Emilio Álvarez Icaza, Eduardo R. Huchim, Rubén Lara León, Rosa María Mirón Lince, Rodrigo A. Morales y Leonardo Valdés. Estos dos últimos, y Álvarez Icaza renunciaron a sus puestos y fueron reemplazados por María Elena Homs Tirado, Juan Francisco Reyes del Campillo Lona y Bernardo Fernández del Castillo. Estos dos últimos impugnaron su sustitución porque no habían cumplido el término para que el fue elegido el consejo, de siete años. Pero de todos modos dejarán sus cargos el domingo.
Tras las reformas constitucionales, y la del estatuto de Gobierno del Distrito Federal, de 1996 y 1997, respectivamente, apenas en este último año fue posible crear una autoridad local propia en materia electoral, “independiente en sus decisiones, autónoma en su funcionamiento y profesional en su desempeño”. El Instituto electoral del Distrito Federal (IEDF) se incorporó así tardíamente al paisaje de las instituciones comiciales del país, con nueve años de retraso respecto de la institución federal, y con tres si se considera el momento en que el IFE se convirtió en órgano constitucional autónomo.
La Asamblea legislativa realizó hace siete años una acertada elección, y como resultado puede calificarse de positivo el desempeño del consejo electoral. Ciertamente padeció problemas, importantes en algunos casos, e incurrió en errores durante los dos procesos electorales que tuvo a cabalidad a su cargo, los de 2000 y 2003 que, además de la elección de jefe de Gobierno hace seis años, incluyeron en cada ocasión la de 16 jefes delegacionales y sesenta y seis diputados locales, cuarenta por mayoría y 26 de representación proporcional. La adecuada realización de las tareas del IEDF es mejor valorada si se atiende al hecho de que paralelamente a la organización de la elección de 2000 fue preciso construir la institución, proceso en que avanzó considerablemente, no obstante el lastre que para esa edificación significaron las reformas coyunturales, caprichosas casi, que menudearon en este periodo.
Aunque los partidos políticos atribuyeron a los consejeros sesgos e insuficiencias, y padecieron sanciones debido a su ineptitud o falta de voluntad en la rendición de cuentas, y aun por excederse en el gasto electoral (que en el DF constituye delito), y por ello se quejaron con frecuencia, ninguno instauró contra los integrantes del consejo las denuncias con que amenazaron y que hubieran denotado una verdadera inconformidad con el desempeño de los consejeros.
De modo que, teniendo en cuenta su carácter fundacional, momento que siempre implica avanzar a tientas, parece justo aplaudir a los consejeros que se van por su contribución a la construcción de la democracia capitalina, cuya insuficiencia procede de la falta de la reforma política que ha sido frenada.
Ignoro si la composición del nuevo consejo obedeció a un plan con ese objetivo, pero los seis consejeros resultaron por pares surgidos de tres instancias: la justicia electoral (la federal y la local), el IFE y el propio instituto local, tres de ellos son abogados, dos licenciados en ciencias políticas y una contadora pública. A diferencia de la composición inicial del consejo saliente, ahora hay desde el comienzo dos consejeras.
El nuevo consejero presidente fue elegido por unanimidad de votos de los cincuenta diputados presentes en la sesión del 23 de diciembre. Apenas unas semanas atrás había sido seleccionado por el consejo general del IFE integrante del consejo local en el DF y si bien, por lo tanto, su experiencia directa en elecciones es breve, su rigurosa formación académica, su frondosa producción y su vocación humanista lo califican de modo sobresaliente para esta labor. De hecho, no es ajena a ese quehacer su tesis doctoral, presentada en la Universidad de Florencia y premiada por la Fundación Luigi Einaudi: se tituló Tensiones y capacidad de adaptación de la democracia limitada en México.
Licenciado en sociología por la Universidad Nacional y doctor en ciencias políticas, Cisneros ha concentrado su atención durante la última década -como investigador en la Facultad latinoamericana de ciencias sociales, Flacso- en los temas que constituyen el título de su obra general más reciente: Formas modernas de la intolerancia. De la discriminación al genocidio, publicada por Océano en 2004. En ese mismo año, la Comisión de derechos humanos del DF -a cuyo consejo pertenece- publicó Derechos de los pueblos indígenas. Contribución para una ciencia política de los derechos colectivos. Con Clara Jusidman, Sergio Aguayo y Miguel Sarré, participó en el Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, que encomendó la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en esa materia.
Prescribe Cisneros que a “la globalización de las intolerancias debemos contraponer una mundialización de la ciudadanía y del reconocimiento de la diferencia cultural y política, esencia del orden democrático en las sociedades de nuestro tiempo”.
