EL SIGLO DE TORREÓN
Torreón, Coah.- Contra servidores públicos y particulares que resulten responsables en los hechos donde una mujer perdió a su bebé de dos meses de gestación, se interpuso queja y denuncia en las instancias correspondientes, derivados de un problema civil.
Javier Uribe Barraza, de 34 años de edad, interpuso querella contra cuatro patrulleros de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), y la familia de la mujer que le arrendaba una casa, así como una queja contra los policías y un agente del Ministerio Público que se negó a levantar la denuncia.
En la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se llevó a cabo el primer citatorio por la parte afectada al cual acudieron los uniformados, en atención a la denuncia interpuesta por la pérdida del bebé, lesiones y allanamiento de morada.
Según el afectado, el pasado viernes 17 de marzo, se encontraba en casa con su esposa Nayeli Olvera Rivas de 19 años y su hijo de dos años viendo televisión cuando sus perras alertaron sobre personas extrañas en la azotea.
El hombre salió al patio y recibió pedradas de los invasores que resultaron ser dos hermanos y un cuñado de Élida Mejía Saldaña, dueña de la casa con quien Javier celebró un contrato de arrendamiento por un año en octubre de 2005.
Los hechos se registraron en la casa ubicada en la privada Martínez Huitrón casi esquina con la calle Mártires de Río Blanco en la colonia Alamedas y el denunciante solicitó la intervención de la Policía, así como de sus vecinos.
Uribe Barraza sostiene que los invasores lo sacaron de la casa por la fuerza y dos mujeres y una hombre entraron a buscar a su esposa para pedirle las llaves que tenía en la mano derecha mientras que con su brazo izquierdo cargaba a su niño.
Ante la negativa de entregar la llave la mujer recibió un codazo en el abdomen que la sofocó y la hizo ceder para luego retirarse los agresores. Otra patrulla llegó al lugar y abordó a Javier y su familia.
El quejoso indica que los patrulleros se hablaron en calves y le informaron que nada podían hacer porque el asunto era civil y se trataba de una orden de desalojo, que según Javier los policías nunca pidieron y los agresores tampoco mostraron.
Sobre la situación que originó la postura de la dueña de recuperar su casa aún cuando existe un contrato de por medio el arrendatario asegura que la mujer vendió la finca y no llegaron a una arreglo por las reparaciones que asegura hizo a la vivienda.
