El Siglo de Torreón
TORREÓN, COAH.- Por la probable fabricaciones de pruebas contra dos jóvenes inculpados en el homicidio de un profesor, su defensa interpuso una queja en la Comisión de Derechos Humanos. Un testigo de cargo recién se retractó de sus dichos, argumentado que fue coaccionado por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Óscar Ávalos y Humberto Muñoz, también interpusieron una queja contra la PGJE y contra Pedro Limón Hernández, juez Cuarto del ramo penal por negarse a recibir pruebas de descargo y retrasar las fechas de las audiencias.
El juzgador reconoció un rezago en los tiempos y contestó la queja, agregando que a la fecha ya se desahogaron algunas de las pruebas solicitadas por los defensores de José Armando Robles Ávalos, y Guillermo Alejandro López Gómez, de 22 y 21 años respectivamente.
Los jóvenes fueron señalados por la agente del Ministerio Público Elizabeth Salazar Ramírez, como los probables responsables de homicidio calificado en agravio del profesor José Salvador Herrera Garay, de 51 años, en hechos ocurridos el 16 de mayo de 2005.
El pasado 19 de septiembre, Gerardo Vega Escobedo, testigo clave de la Procuraduría en el caso, se retractó en el Juzgado Cuarto de su declaración hecha días después del crimen del profesor, argumentado que con engaños fue llevado a la Policía Ministerial y obligado a firmar un documento para no involucrarlo en el crimen.
También se pidió valorar el dicho del testigo que aseguró estuvo tomando con el occiso y los inculpados la noche del crimen, sin embargo, el dictamen del Servicio Médico Forense indica que el cuerpo estaba ?sin olor a productos derivados del alcohol?.
La información que señalaba como sospechoso y candidato a un arraigo a José Luis García Ríos, días después del crimen, también se pidió que fuera ratificada por el entonces supervisor de la Policía Ministerial, Eliseo Cabrales Saldaña, quien en su declaración dijo que no tenía reporte de ese sospechoso.
El cotejo del rostro de los inculpados con un retrato hablado elaborado en base a la testimonial de una persona que vio a un joven descender de la camioneta propiedad del profesor en Gómez Palacio, también se pidió, toda vez que en el dibujo, el sujeto aparece rapado y con cicatrices en el cráneo.
Los defensores de los jóvenes implicados en el delito sostienen que la PGJE fabricó pruebas a base de testimoniales falsas, como ocurre en el caso de Juan Romero Cansino, acusado por un homicidio del cual hay un asesino confeso que es sometido a pruebas científicas que no se aplicaron al primero.
