EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN, COAH.- El grupo de colonos de Monte Real ya interpuso una queja en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), pues sus viviendas presentan serios daños en paredes y techos, y de no obtener una respuesta satisfactoria, los afectados amenazan con tomar las instalaciones de las constructoras.
Los afectados ya han realizado varias manifestaciones para exigir que tanto el Infonavit, construc-toras, Profeco y el Ayuntamiento, atiendan sus quejas porque consideran que es injusto pagar una casa que se está cayendo a pedazos.
Jorge Espinoza Cázares, presidente de la Asociación Comunitaria Monte Real, acudió con varios vecinos de este fraccionamiento a la Profeco, en donde fueron atendidos por Laura Gutiérrez Rodríguez, delegada.
Aseguró que 35 habitantes del fraccionamiento Monte Real corren el riesgo de perder la vivienda que adquirieron a través de Infonavit, pues en techos, paredes y suelo, hay grietas de hasta varios metros de largo y centímetros de profundidad.
El comité de vecinos acudió para exigir una sanción para la constructora Distribuidora Nochistongo y el Grupo Inmobiliario Radica, porque ambas empresas edificaron el fraccionamiento Monterreal y vendieron las casas a un precio de 166 mil pesos cada una, según explicó Jorge Espinoza Cázares.
Al respecto la delegada de la Profeco, dijo que es competencia de la Procuraduría atender las quejas de los vecinos afectados por la compra de viviendas en mal estado, ?vamos a abrir un expediente y deberán traer sus documentos, copias de identificación oficial, escrituras, contratos de compra venta, y luego citaremos a la constructora para celebrar las audiencias debidas?.
Laura Gutiérrez Rodríguez aseguró que la Profeco pedirá a las constructoras que hagan propuestas de solución viables para los vecinos, ?el procedimiento no puede llevar más de tres meses a menos de que el consumidor solicite más audiencias?.
En caso de que las constructoras resulten responsables de causar perjuicios al consumidor, la Profeco turnará el expediente al área de resoluciones para que la proveedora se haga acreedora a una sanción que va desde un apercibimiento, multa económica, clausura, hasta un arresto administrativo.