PROCESO | REALIZAN DESLINDE DE RESPONSABILIDADES EN EL ÁMBITO CIVIL, ADMINISTRATIVO Y PENAL.
EL SIGLO DE TORREÓN
Durará el procedimiento de dos a seis meses; en ese tiempo, el Distribuidor Vial Revolución ?no será tocado?.
TORREÓN, COAH.- La Secretaría de la Función Pública busca el deslinde de responsabilidades en el ámbito civil, administrativo y penal, para los culpables, ya sea por acción o por omisión, de los errores en el Distribuidor Vial Revolución (DVR). Por su parte, la PGJE inició investigaciones para determinar si en la construcción de la obra hubo dolo o alguna conducta inadecuada que demande acción penal.
Sin embargo, el secretario advierte que el DVR es la evidencia y por tanto, no se le puede tocar en el tiempo que dure el proceso de deslinde de responsabilidades, que será de dos a seis meses.
El secretario de la Función Pública, Ismael Ramos Flores, refiere que el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, ha pedido el deslinde de responsabilidades para quienes participaron en la construcción del DVR, donde pueden resultar culpables de los errores en la obra desde el proyectista, la constructora, los supervisores, hasta funcionarios municipales y estatales que participan de acción o bien, por omisión.
El funcionario explica que, en la averiguación previa que realiza la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), se llevará a cabo una serie de investigaciones, pues el estudio de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) vino a redondear toda la información que ya se tenía en la Secretaría, por los datos que se recibieron en el proceso de entrega-recepción de la Administración anterior.
Se trata de un deslinde de responsabilidades en el ámbito civil, administrativo y penal. En este último, el secretario dice que la Procuraduría ha iniciado también las investigaciones para determinar si en la construcción del Distribuidor hubo dolo o alguna conducta inadecuada que requiera acción penal. Asegura que la instrucción es precisa de llevar una investigación completa en los tres ámbitos para deslindar las responsabilidades.
Al momento de fincar la Secretaría de la Función Pública las responsabilidades a empresas o funcionarios, ellos tienen también el derecho constitucional de defenderse y, para ello, la evidencia es el Distribuidor Vial, por lo que mientras no se concluya el proceso de deslinde, la obra debe permanecer como está, pues es la evidencia en descarga de los culpables.
Ramos Flores señala que este proceso puede llevar desde dos a seis meses. El secretario descarta que la cuestión pueda politizarse, pues asegura que hay muchos factores municipales, estatales, contratistas, entre otros, que desconocen si son culpables o no, hasta que se haya fincado la responsabilidad.
?Hay muchos involucrados que, hasta que no se haga el deslinde de responsabilidades, pueden estar seguros?, comenta.
Licitación
El secretario de Obras Públicas de Coahuila, Eduardo Olmos Castro, desconoce si será necesario licitar el proyecto del DVR o asignarlo directamente, por motivos de seguridad, a un despacho con reconocimiento nacional. Esta situación se definirá dentro de 15 días.
Señala que en estos tres meses la Secretaría busca comenzar a trabajar en el proyecto para la demolición de la obra, para posteriormente iniciar su reconstrucción. Sin embargo, advierte que en la actualidad no se cuenta con un proyecto que marque una nueva ingeniería con un diseño seguro al 100 por ciento.
?No tenemos un proyecto que nos permita que, una vez que nos dé luz verde la Secretaría de la Función Pública para poder nosotros iniciar el proceso de demolición, hayamos aprovechado el tiempo y contemos ya con este proyecto en la mano?, manifiesta.
Explica que en la actualidad la obra seguirá en funciones con los factores de seguridad que ya se han señalado, de circular a 40 kilómetros por hora, utilizar un solo carril, y precaución al pasar por la falta de peritaje.
?Hay un proceso muy meticuloso y delicado que se tiene que seguir por la vía legal, administrativa y civil, y en este momento nosotros adelantamos, en la vía técnica, la elaboración del proyecto?, expone.
El secretario indica que dentro de 15 días podría determinarse quién va a elaborar el nuevo proyecto o bien, si se llevará a cabo una licitación pública nacional.
CONFÍAN EN RESOLUCIÓN
El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de la Laguna, Julio Facio Parra, confía en la resolución determinada por la UANL respecto a la demolición y reconstrucción de los cuatro viaductos del Distribuidor Vial Revolución (DVR).
Sin embargo, considera que la Facultad de Ingeniería Civil de la UANL debió ofrecer más alternati-vas de solución que garantizaran la seguridad de los usuarios al circular por esta obra.
Mediante un comunicado a los medios de información, el presidente del XIX Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros de la Laguna solicita a las autoridades una copia del estudio que realizó la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) en el DVR, que fue avalado por el Gobierno del Estado de Coahuila.
Facio Parra manifiesta su confianza hacia la resolución de la UANL de demoler los viaductos del DVR, mas considera que existen alternativas de solución que garanticen al 100 por ciento la seguridad de los conductores, una situación que los integrantes del Colegio de Ingenieros de la Laguna no han escuchado.
Expone que un estudio con los alcances y montos ejercidos como el de la UANL debería contener más de una alternativa de solución, a fin de que la decisión que se tome esté lo suficientemente respaldada, para tener los elementos de juicio que deriven en una adecuada decisión.
