EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN, COAH.- Para el Municipio, el caso del ex gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas), Fernando Alatorre Dressel, legalmente aún no termina. El secretario del Ayuntamiento, Rodolfo Walss Aurioles, asegura que se investiga si fue legal o no la indemnización que cobró.
Y es que, dice, habrá que fundamentar si se aplicó o no la Ley Federal del Trabajo a Alatorre Dressel, para que cobrara la indemnización de dos meses de sueldo, por alrededor de 300 mil pesos, ya que se trata de un funcionario público, no era un simple empleado de la paramunicipal.
Dice que: ?qué sucedería si todos los funcionarios públicos deciden indemnizarse, se acabaría el presupuesto?.
Sin embargo precisa que no le corresponde a él como secretario del Ayuntamiento deslindar responsa-bilidades al respecto, pero dice que la Contraloría Municipal investiga y será María Eugenia Cázares Martínez la que emita algún dictamen.
El ex gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, Fernando Alatorre Dressel, declaró el fin de semana que no fue un bono de marcha el que se liquidó, sino 255 mil pesos como liquidación o indemnización laboral en la empresa de la que fue gerente general por tres años.
Para Alatorre, la relación laboral de los empleados del Simas es diferente a la de regidores y directores generales del Ayuntamiento, por eso: ?cuando no fui ratificado en el Simas pedí que me calcularan mi liquidación o finiquito como a cualquier empleado y de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo me correspondían tres meses, en total, alrededor de 700 mil pesos, pero cobré sólo dos meses de sueldo y otras prestaciones normales?.
El secretario del Ayuntamiento declaró a inicios de la semana pasada que el cobro de un bono de marcha que hizo el ex gerente del Simas no podría basarse en el acuerdo del Cabildo del 23 de diciembre cuando se aprobó la entrega de estos bonos a regidores, síndico y dos meses de sueldo para directores generales, ya que la paramunicipal es descentralizada y con autonomía presupuestaria.
El funcionario municipal reitera su postura y dice que la opinión de los consejeros directivos de la paramunicipal es muy respetable si consideran que no era necesario que se les avisara de la disposición de estos recursos del erario.
Todavía transcurre el periodo de Ley del proceso entrega-recepción para señalar irregularidades o situaciones poco claras, por lo que habrá que esperar el resultado de la revisión legal que hace la Contraloría Municipal respecto a la manera como se hizo este egreso.
