?Un Gobierno no es legítimo simplemente porque existe?.
Jeane Kirkpatrick
Mientras se desmantelan los campamentos perredistas del Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, la atención nacional se enfoca necesariamente en Oaxaca. Los Gobiernos Estatal y Federal le han otorgado a la Sección 22 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación todo aquello que legalmente podían dar. Pero la demanda principal de los líderes magisteriales y de la APPO sigue siendo la cabeza del gobernador Ulises Ruiz.
La Secretaría de Gobernación ha señalado que el Gobierno Federal ya no está en el negocio de descabezar gobernadores. Los gobernadores de la Conago han apoyado a Ruiz porque no quieren poner sus propias cabezas en riesgo. El PRI en el Senado está dispuesto a todo lo necesario para defender al gobernador oaxaqueño, pero los senadores panistas apoyarán a sus colegas priistas. No es sólo el hecho que necesitarán el apoyo del PRI para poder sacar iniciativas cruciales, sino porque decretar la desaparición de poderes en Oaxaca podría significar que el PRI se uniera al PRD en el futuro para exigir la cabeza de Felipe Calderón.
El Gobierno de Oaxaca ha tomado por fin una medida que podría ayudar a desactivar el movimiento magisterial. A pesar del paro de cuatro meses, interrumpido por dos semanas de improvisadas clases para cubrir el expediente, los maestros de Oaxaca han recibido su salario íntegro hasta ahora. Apenas esta quincena se les han retenido los pagos por primera vez.
La verdad es que la enorme mayoría de los 80 mil maestros de Oaxaca no parece apoyar el movimiento montado por sus líderes y continuado posteriormente por la Asamblea Popular del Pueblo Oaxaca (APPO). Pero no han tenido ningún incentivo para oponerse, ya que han recibido su ingreso de manera regular. De alguna manera, el propio Gobierno de Oaxaca ha estado subsidiando el movimiento que ha paralizado al estado.
La fuerza real del movimiento la dan, por supuesto, los 80 mil maestros del estado. Pero éstos no están en el bloqueo. Los bloqueos y barricadas los están operando algunos centenares de activistas, muchos de la APPO. Y sus objetivos no son los del magisterio. Esto queda claro en el hecho de que su exigencia fundamental es la destitución del gobernador Ulises Ruiz. Pero ésta es una demanda que no será satisfecha.
La Secretaría de Gobernación federal ha mantenido hasta ahora una política de tratar de resolver el problema en las mesas de negociación. Me dicen que el propio secretario Carlos Abascal le advirtió al gobernador Ruiz que no usara la fuerza pública cuando, antes de las elecciones federales, éste trató de levantar el bloqueo. Al parecer ha habido otras ocasiones en que el gobernador ha actuado en contra de las instrucciones o sugerencias emanadas desde Bucareli.
No sé si las mesas de negociación en Gobernación habrán de dar mejores resultados en las próximas semanas. La información disponible sugiere que la Sección 22 es relativamente flexible, pero que la APPO es absolutamente radical. El problema es que la situación en Oaxaca se ha convertido ya en una verdadera tragedia. Decenas de empresas han cerrado. Miles han perdido sus empleos. La pérdida de clases es un golpe brutal para un estado que registra ya los índices educativos más bajos del país. Oaxaca es una ciudad sin Ley.
El actual Gobierno de la República no puede, no debe, heredarle este problema al siguiente presidente. La Secretaría de Gobernación debe saber que hay límites. Durante cuatro meses los ciudadanos de Oaxaca han sido objeto de abusos por parte de la Sección 22 y de la APPO. Y si bien el gobernador Ruiz y el secretario Abascal pueden echarse la culpa mutuamente, la verdad es que a ojos de los ciudadanos no importa quién es el responsable. El hecho es que la ciudad está secuestrada y ninguna autoridad se atreve a hacer nada.
No sé cuánto tiempo vaya a darle el Gobierno del presidente Fox a la Secretaría de Gobernación para tratar de resolver el problema por la vía de la negociación. Pero si no hay un acuerdo en los próximos días, la autoridad debe intervenir.
¿Habrá que utilizar la fuerza pública? No lo sé. Ha habido experiencias negativas en el pasado con el empleo de la Policía para despejar bloqueos. Pero una autoridad no puede seguir siendo autoridad si no se atreve a aplicar la Ley. Los funcionarios que cobran su sueldo en el Gobierno de Oaxaca y en la Secretaría de Gobernación juraron cumplir y hacer cumplir la Ley en el momento en que prestaron juramento. Tarde o temprano tienen que ser fieles a su juramento, especialmente cuando se violan los derechos de los oaxaqueños.
Cuando el Estado falla en su obligación de defender a los ciudadanos, a los ciudadanos no les queda más opción que defenderse ellos mismos. Y esto puede generar una guerra civil en la que los más débiles están siempre condenados a perder.
LEY RETROACTIVA
Convergencia presentará hoy en el Congreso una iniciativa para modificar los artículos del Cofipe que ordenan la destrucción de los paquetes electorales una vez concluido el proceso electoral. El problema es que la propia Ley prohíbe que se hagan modificaciones retroactivas a la legislación que se aplicó a la elección federal de 2006. Lo que hoy se enmiende sólo podrá aplicarse a partir de las elecciones de 2009. Aun si se modifica el Cofipe, el IFE está obligado a destruir los paquetes. Sólo una decisión del Tribunal Electoral puede modificar esta situación.
