?La Ley es la conciencia de la humanidad?.
Concepción Arenal
La ciudad de Oaxaca es un ejemplo lastimoso. Lleva más de dos meses paralizada como consecuencia de esta filosofía. El gobernador priista, Ulises Ruiz, hizo un breve intento por desalojar el plantón que ha asfixiado económicamente a la ciudad, pero como los integrantes del plantón se resistieron él se echó para atrás.
Ayer el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Alejandro Encinas, reiteró su posición de que no utilizará la fuerza pública para hacer cumplir las Leyes de tránsito o el bando 13 del Distrito Federal. En cambio dijo que les pedirá a los perredistas que han acampado en el Centro Histórico que retiren los vehículos estacionados en esa zona porque de lo contrario serán inmovilizados con las arañas que se aplican a los vehículos que se estacionan de manera ilegal. Esto, añadió, sólo se hará en el Centro Histórico, ya que en el Paseo de la Reforma los integrantes del bloqueo sí podrán mantener estacionados sus automóviles y autobuses.
Estamos viendo a un jefe de Gobierno que trata inútilmente de explicarnos cuándo va a cumplir la legislación vigente y cuándo no. La experiencia nos dice, sin embargo, que una vez que se empieza por el camino de la discrecionalidad, el único resultado es el autoritarismo. La palabra del gobernante se convierte en ese momento en Ley.
No es inusitado que los políticos mexicanos se abstengan de aplicar la Ley. De hecho, esto se ha vuelto cada vez más común. Debido a que los funcionarios públicos tienen temor a confrontarse con grupos políticos, han surgido inevitablemente dos clases de ciudadanos: los de primera, que pertenecen a organizaciones políticas y que por lo tanto pueden darse el lujo de violar la Ley con la protección de las autoridades, y los de segunda, sin afiliación política, que sí son sujetos de la Ley.
La ciudad de Oaxaca es un ejemplo lastimoso. Lleva más de dos meses paralizada como consecuencia de esta filosofía. El gobernador priista, Ulises Ruiz, hizo un breve intento por desalojar el plantón que ha asfixiado económicamente a la ciudad, pero como los integrantes del plantón se resistieron él se echó para atrás.
Desde entonces Oaxaca ha languidecido. Los comercios del Centro han perdido hasta el 80 por ciento de sus ingresos. Los manifestantes han impedido la celebración de la Guelaguetza, la tradicional festividad popular. El gobernador del estado no se atreve a hacer nada en contra de este secuestro. Pero por lo menos puede echarle parte de la culpa al Gobierno Federal, que se negó a proporcionar el apoyo de la Policía Federal Preventiva para una posible liberación de la ciudad.
En el caso del Distrito Federal, el jefe de Gobierno y el PRD no tienen a nadie más a quién echarle la culpa. El propio Encinas dice muy claramente que él asume la responsabilidad política de no aplicar la Ley. Sus mensajes, de hecho, han sido muy claros: le toca al gobernante decidir cuándo es adecuado hacer uso de la Ley y por supuesto ésta no debe nunca emplearse en contra de los miembros del partido político del gobernante.
¿Se acuerda usted cuando la Secretaría de Seguridad Publica del Distrito Federal montó un impresionante operativo para detener y multar a un grupo de motociclistas que utilizó el Periférico para dirigirse a la carretera a Cuernavaca? Estos motociclistas no obstruyeron el tránsito; su principal pecado era no ser perredistas. De haberlo sido, habrían podido jugar futbol en el segundo piso del Periférico, como hoy lo hacen los perredistas, con el apoyo de la Policía capitalina, en el Paseo de la Reforma.
Es importante saber hasta qué punto puede llegar el jefe de Gobierno en su decisión de no aplicar la Ley. Después de todo, tanto López Obrador como sus seguidores han venido anunciando que van a endurecer sus protestas. Esto significa que la toma del Paseo de la Reforma no es suficiente. Cada semana, el movimiento requerirá medidas más espectaculares, porque si no ya no llamarán la atención de los medios de comunicación. Probablemente veremos muy pronto el bloqueo de las carreteras de acceso a la Ciudad de México y del aeropuerto.
Tarde o temprano, de hecho, alguno de los simpatizantes de López Obrador querrá volver realidad el lema que ya exhibieron en sus carteles: ?Haz patria y mata a un panista?. Y si esto ocurre, seguramente el señor Encinas argumentará que como se trató de un acto de protesta política no hay nada que él o su Procuraduría puedan hacer.
Hay algo, sin embargo, que Encinas y los demás funcionarios del Distrito Federal debieran recordar. Cuando ellos asumieron sus cargos, juraron cumplir y hacer cumplir las Leyes. Si no pueden hacerlo por incapacidad o si no quieren hacerlo por complicidad con quienes han hecho un deporte de la violación de la Ley, lo ético es que renuncien. Por lo pronto los ciudadanos agredidos por el bloqueo de vías primarias estamos en el derecho de exigir la aplicación de la Ley.
CASTRO
Es difícil saber cuál es realmente el estado de salud de Fidel Castro. Como es común en los regímenes autoritarios, la salud del dictador es uno de los secretos de Estado que más celosamente se guardan. De lo que no hay duda es que Castro, quien este próximo 16 de agosto cumplirá 80 años de edad y que ha permanecido 47 años en el poder, se acerca al final de su vida o por lo menos del periodo en que realmente puede ejercer el mando del Gobierno de Cuba. Por otra parte, el hombre que Fidel ha elegido como su sucesor, su hermano Raúl, tiene 75 años. Todo parece indicar que se aproxima el fin de la era castrista.
