“Nosotros no negociamos
en la calle”.
Gabriel Mendoza
El 29 de enero de 2003 un grupo de taxistas priistas bloquearon con sus vehículos las calles del centro de la ciudad de Morelia. El gobernador perredista de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, mandó con prontitud a la escena a un contingente de unos 150 granaderos encabezados por Gabriel Mendoza Jiménez, secretario de Seguridad Pública del Estado. Su mandato era claro: las calles deben ser liberadas.
La fuerza pública se movió con rapidez y eficacia. Los taxistas, confrontados por la fuerza pública, pidieron dialogar, pero Mendoza no aceptó hablar con ellos: “No tengo idea de cuál sea su petición y no es lo que vine a negociar aquí -dijo el secretario de Seguridad Pública a un reportero de Reforma-. Nosotros no negociamos en la calle.
¡Cómo han cambiado los tiempos! El mes pasado el eficaz Mendoza se vio obligado a presentar su renuncia debido a que la Policía Estatal bajo su mando participó en el fallido intento de desalojo de Sicartsa en el municipio de Lázaro Cárdenas. Al mismo tiempo el gobernador retiró a la Policía Estatal de la custodia de la planta siderúrgica bloqueada por simpatizantes del líder minero Napoleón Gómez Urrutia.
Otros gobiernos del PRD han adoptado abiertamente una política de tolerancia a los bloqueos que se han convertido en el pan de cada día en distintos lugares de nuestro país. Amalia García, la gobernadora de Zacatecas, ha preferido que se pierdan cientos de empleos en Sombrerete antes de usar la fuerza pública para desalojar a un grupo de simpatizantes de Gómez Urrutia que ha tomado ilegalmente la mina de San Martín.
En el Distrito Federal, tras el anuncio de que se realizarían este 11 y 12 de mayo bloqueos coordinados en varios puntos de la ciudad en protesta por la acción policiaca del tres y cuatro de mayo en San Salvador Atenco, las autoridades señalaron que utilizarían la fuerza pública, pero sólo para mantener abiertas algunas vialidades. En las demás, los comandantes buscarían “negociar” con los manifestantes a fin de evitar los bloqueos.
Es comprensible la intención de evitar conflictos violentos, sobre todo después del enfrentamiento en San Salvador Atenco que tuvo lugar la semana pasada, especialmente ahora que estamos en vísperas de elecciones. Pero también es evidente que la política de permitir bloqueos de las vías de comunicación se ha convertido en un poderoso incentivo para que estas acciones se multipliquen.
Quienquiera que viva en la Ciudad de México sabe lo exasperante que es estar sometido de manera cotidiana a manifestaciones y bloqueos. Estas acciones son muy fáciles de llevar a cabo, llaman la atención de los medios de comunicación y no generan consecuencias negativas para los organizadores. No se requiere demasiada gente para cerrar una calle o carretera: 20 ó 25 manifestantes son suficientes si la autoridad se limita a “negociar” o a hacer cortes a la circulación para facilitar el bloqueo.
Lo peor de todo es que, ante la proliferación de manifestaciones y bloqueos, los activistas se ven obligados a aumentar constantemente la espectacularidad de sus acciones. Como niños desobedientes, buscan siempre el límite en el que se agotará la paciencia de los padres. Si en un principio una manifestación era suficiente para llamar la atención, después se hizo necesario bloquear calles. Después, cuando los bloqueos se volvieron habituales, se pasó a los bloqueos múltiples y coordinados con el objetivo de asfixiar la ciudad.
Apenas el pasado mes de abril, durante el Foro Mundial del Agua, los capitalinos vivimos la primera jornada de bloqueos múltiples simultáneos. La pesadilla en el tránsito fue mayúscula. Ayer se vivió por segunda vez una operación concertada de este tipo; y a pesar de que el número de participantes fue relativamente escaso -los bloqueos los realizaban contingentes pequeños, en muchos casos menores a 100 personas- las consecuencias en la vida citadina fueron una vez más muy importantes.
¿Cuál será el próximo límite que buscarán estos grupos? Es difícil saberlo. Pero de lo que no cabe duda es que, una vez que estos bloqueos concertados se vuelvan cotidianos, buscarán una manera más poderosa de llamar la atención.
Los gobiernos del PRD parecen convencidos de que la tolerancia frente a los bloqueos los beneficia en lo electoral. Y quizá sea cierto: ellos saben más de política que yo. Pero si bien es verdad que a muchos electores les puede molestar el uso de la fuerza pública para hacer cumplir la Ley, en cada bloqueo de una calle o carretera son 100 veces más las víctimas que los activistas. Y los afectados por los bloqueos también votan.
AHMSA Y NAPITO
Un vocero de Altos Hornos de México (AHMSA), empresa que acaba de lograr la renegociación de su deuda, me llama por teléfono ayer y me dice: “No es cierto que la empresa apoye a Napoleón Gómez Urrutia” en la disputa por el liderazgo del Sindicato Minero y Metalúrgico. “Lo único que nosotros queremos es que se le juzgue en los tribunales.” Yo escribí ayer que la firma apoyaba al líder minero debido a unos desplegados periodísticos en que AHMSA cuestionaba la actuación del secretario del trabajo, Francisco Xavier Salazar, en el caso de Gómez Urrutia.
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