“Un censor es un hombre
que sabe más de lo que piensa que tú debes saber”.
Granville Hicks
Si yo en este momento escribo este artículo que pienso que el candidato X obtendrá el triunfo el próximo dos de julio con el 36 por ciento de los votos, seguido por el candidato Y con el 34 por ciento y el candidato Z con el 25 por ciento, nadie podrá interferir conmigo. Estoy simplemente ejerciendo mi derecho a la libertad de expresión. La Constitución me ampara.
Pero si yo presento esas mismas cifras y afirmo que se basan no en una mera especulación o en la opinión ponderada de los miembros de mi familia sino en una encuesta amplia que le da solidez a mi dicho, entonces el Instituto Federal Electoral podrá sancionarme por violar el Código Federal de Procedimientos Electorales.
La legislación electoral en nuestro país, efectivamente, prohíbe dar a conocer resultados de encuestas ocho días antes de una votación. Si meditamos sobre el tema, encontraremos que se trata de una prohibición absurda. No veda cualquier opinión, información o proyección electoral: la censura sólo entra en acción cuando se encuentra sustentada en esos ejercicios estadísticos conocidos como encuestas. Está bien que uno opine o especule, pero no que proyecte con mayor sustento.
La prohibición de divulgar los resultados de las encuestas en el período previo a la elección surge de un prejuicio que no tiene ningún sustento en la realidad. Se fundamenta en la idea de que los electores mexicanos somos tan tontos o tan débiles en nuestras convicciones que las encuestas definen el sentido de nuestro voto.
Quienes defienden esta prohibición suponen que somos como borregos, y que cuando vemos que la intención general de la población se inclina por un determinado candidato dejamos atrás nuestras convicciones para apoyar al candidato más popular. Según ellos, todo el mundo quiere estar con el vencedor.
La verdad, sin embargo, es que no hay ninguna confirmación de la verdad de este aserto. Yo supongo que algunas personas pueden, en efecto, sentir la necesidad sicológica de unirse a la mayoría y de apoyar a un candidato vencedor, aunque nunca he encontrado a alguien que me diga que ha cambiado su voto para apoyar a quien las encuestas señalan como puntero. Sí conozco, en cambio, a gente que me dice que una encuesta lo ha motivado a salir a votar, pero no para apoyar al puntero sino para ayudar a su candidato cuando éste es considerado como perdedor por los sondeos.
Las pocas investigaciones serias que se han llevado a cabo sobre este tema no señalan ninguna influencia de las encuestas sobre el resultado de una elección. De hecho, hay experiencias que sugieren que es simplemente falsa la idea de que los mexicanos somos mayoritariamente borregos que necesitamos apoyar a un vencedor para sentirnos seguros de nosotros mismos.
Algunos de los estrategas de Francisco Labastida en 2000 compartían ese prejuicio y por eso apoyaron la publicación de una serie de encuestas falsas en que el candidato priista aparecía como vencedor. Pagaron, además, una serie de anuncios en prensa en los que afirmaban que había más encuestas que colocaban al priista en primer lugar que las que ponían al frente a Vicente Fox. El objetivo era convencer a la gente de que se uniera a la borregada y apoyara al vencedor. Pero de poco le sirvió esta cantaleta al equipo de Labastida, cuyo candidato perdió la elección por seis puntos porcentuales.
La prohibición de las encuestas una semana antes de la elección lo único que logra es limitar el acceso de los mexicanos comunes y corrientes al único instrumento que, a pesar de sus limitaciones, permite informarse sobre el rumbo de una elección antes de que ésta tenga lugar. Es una medida discriminatoria, porque prohíbe que se divulguen las encuestas a las grandes mayorías pero no impide, por supuesto, que los ricos sigan pagando y recibiendo encuestas que no se difunden para orientar sus decisiones estratégicas. Se permite así a los ricos un acceso asegurado a información privilegiada en un tema que a todos nos compete y nos afecta.
La prohibición, además, genera incertidumbre y riesgos políticos. Una elección puede cambiar de rumbo en la última semana de campaña, como ocurrió con la del año 2000. Al prohibir la difusión de las encuestas los ciudadanos no podemos percatarnos de esos cambios, lo cual facilita que los grupos políticos puedan argumentar que ha habido fraude.
Los legisladores que aprobaron la veda de encuestas no han entendido el daño que le han hecho a nuestro sistema político. Y todo porque están convencidos de que los mexicanos somos borregos que no tenemos la voluntad para mantener nuestras convicciones.
CENSURA INCOHERENTE
El IFE sigue en plan de censor, pero no lo hace de forma coherente. Así, reconviene al CCE por defender, sin mencionar a ningún candidato, una política que no nos haga “retroceder”. Sin embargo, no hace nada contra la CROC o el Sindicato del Seguro Social que abiertamente piden el voto de sus agremiados a favor de López Obrador. Lo lógico es que cada quien defienda las posiciones y los candidatos que quiera, siempre y cuando a nadie se le obligue a votar en contra de su voluntad.
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