?Quienes no somos estadounidenses no podemos más que asombrarnos a la facilidad con la que se están eliminando los derechos y libertades en Estados Unidos?.
Robert Harris, autor inglés, en el New York Times
De nada sirvió que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos haya declarado ilegales en junio los abusos a los derechos humanos que el Gobierno del presidente George W. Bush ha venido multiplicando en su supuesta lucha contra el terrorismo. El pasado jueves, 28 de septiembre, el Senado de la Unión Americana ratificó una iniciativa previamente aprobada por la Cámara de Representantes que le da enormes poderes ?poderes dictatoriales? al Gobierno estadounidense para combatir el terrorismo.
Para que estos poderes se conviertan en Ley sólo falta que el presidente Bush firme la iniciativa, cosa que se espera ocurra en los próximos días ya que la Ley ha sido impulsada por el propio mandatario estadounidense.
Las reglas que establece la nueva Ley son draconianas. Fundamentalmente le dan al Gobierno de Estados Unidos la facultad de arrestar a quien quiera cuando quiera, sin necesidad de presentar pruebas. Puede mantener a los detenidos durante tiempo indefinido en cárceles especiales para procesarlos en Cortes Militares a pesar de ser civiles. Los detenidos no están protegidos ni por la Convención de Ginebra, ya que el Gobierno estadounidense se abroga el derecho de interpretarla a su conveniencia, ni por los tribunales civiles, ya que se elimina la posibilidad de acudir al habeas corpus, el recurso que siempre han tenido los estadounidenses de protestar ante los tribunales por violaciones a sus derechos humanos. Las reglas para la conducción de interrogatorios son tan vagas que la tortura está siendo legalizada en estos casos.
Me queda claro que el Gobierno de Estados Unidos ya ha estado aplicando estas reglas con los detenidos en acciones antiterroristas tanto en Abú Ghraib, Irak, como en Guantánamo, Cuba, así como en otras prisiones ilegales que mantiene en lugares no revelados. Pero una decisión de la Suprema Corte había impedido que Bush juzgara a los detenidos en tribunales especiales mientras que otros fallos impedían la detención indefinida de sospechosos sin cargos.
El Congreso le ha dado ahora a Bush los poderes para mantener esta política considerada ilegal por los ministros de la Corte, por las organizaciones de derechos humanos y por el derecho internacional. Ningún país que se precie de cuidar los derechos humanos le daría a un gobernante estas facultades. Pero en Estados Unidos se viven tiempos excepcionales.
Los senadores y representantes estadounidenses han aprobado estas reglas con los ojos puestos en las elecciones legislativas del próximo mes de noviembre. Los electores no entienden muchas veces las consecuencias de unas leyes tan abusivas. Piensan que éstas no se pueden aplicar en su contra. El temor que dejaron los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001 los lleva a apoyar a su presidente en cualquier esfuerzo para impedir nuevos ataques.
Pero lo que no advierten los ciudadanos estadounidenses es que esas leyes se pueden usar en contra de cualquiera tenga o no responsabilidad en actos terroristas. La razón por la cual la Ley en cualquier país civilizado protege las garantías individuales no es para proteger a los criminales sino para asegurar que no se abuse de los inocentes. Perder el derecho del habeas corpus, del recurso judicial que tiene un acusado para exigir que se respeten sus derechos fundamentales, coloca a Estados Unidos en el grupo de las naciones más atrasadas del mundo en materia de derechos humanos. Rechazar la cabal aplicación de la Convención de Ginebra, por otra parte, es algo que ni siquiera la Alemania nazi se atrevió a hacer abiertamente.
La decisión del Congreso debilita a las Cortes estadounidenses, tradicional contrapeso del poder del Ejecutivo. Según Bruce Ackerman, un connotado profesor de derecho de la Universidad Yale, ?Si el Congreso le puede arrebatar a las Cortes la jurisdicción sobre casos porque tiene miedo del fallo, la independencia judicial se ve amenazada?.
Estas medidas serían inquietantes en manos de cualquier Gobierno del mundo. Lo son más, sin embargo, en el caso del presidente Bush. Toda la información disponible sugiere que, en su afán por atacar Irak, el actual Gobierno estadounidense cerró los ojos contra todos los indicios de que se acercaba un atentado terrorista de Al Qaeda, una organización fundamentalista sin ningún vínculo con Irak. Con la nueva Ley poco importará ya si el presidente se equivoca una vez más: quien él diga que es culpable, será culpable bajo la Ley.
Osama bin Laden debe estar orgulloso. Si lo que quería era destruir las tradicionales libertades de Estados Unidos lo ha logrado de una manera que nunca habría imaginado al ordenar los ataques del 11 de septiembre de 2001. Aunque quizá esto es fácil, cuando se cuenta como aliado al propio presidente del país enemigo.
QUE NO SE OLVIDE
Que no se olvide el dos de octubre, de acuerdo. No podemos dejar de recordar esa injusta matanza de estudiantes en 1968. Pero no olvidemos tampoco lo que está pasando en la Oaxaca de hoy. El miedo a usar la fuerza pública contra grupos políticos, surgida de lo ocurrido hoy hace 38 años en Tlatelolco, ha permitido que las autoridades se crucen de brazos ante el secuestro de una ciudad y la destrucción de su economía.
