?Hay una sola intolerancia aceptable: la intolerancia contra la intolerancia?. Anónimo
Supongamos que una banda de criminales secuestra a una persona y la mantiene privada de su libertad durante meses. Después de negociar infructuosamente, la Policía encuentra el lugar en el que se mantiene al secuestrado y un destacamento armado entra a la fuerza para liberarlo y aprehender a los secuestradores.
¿Sería lógico que se organizaran manifestaciones de protesta por el uso de la fuerza pública? ¿Tendría sentido que se exigiera que la autoridad debería resolver el secuestro por la vía de la negociación y no por la violencia? La respuesta es un no rotundo. Sin embargo, ésta es la posición que algunos quieren que se acepte en el caso del secuestro de la ciudad de Oaxaca.
Alejandro Encinas, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, siempre atento a los problemas de otras entidades, ha señalado que el problema de Oaxaca es político y la solución debe ser, por lo tanto, política. Pero ésta es otra forma de decir que la única solución posible es cumplir con la exigencia obsesiva de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca: la renuncia o la destitución del gobernador Ulises Ruiz.
Nos guste o no, Ruiz es el gobernador constitucional de los oaxaqueños: electo en una votación cuyo resultado ha sido ratificado por todas las instancias legales correspondientes. El gobernador tiene mucha más legitimidad que una APPO que se considera representante del pueblo oaxaqueño sin haber ganado nunca una elección. Ni el Gobierno del Distrito Federal de Alejandro Encinas ni el de la República de Vicente Fox tienen la facultad de destituir a un gobernador. El Senado sí puede declarar legalmente la ?desaparición de poderes?, pero para eso se necesita un voto mayoritario de los senadores que, en este momento, difícilmente podrá lograrse. Destituir al gobernador es violar la ley y la voluntad de los oaxaqueños.
¿Deberá entonces recurrirse a la fuerza pública para resolver el conflicto de Oaxaca? Del Gobierno de la República están saliendo señales contradictorias. Por una parte, el presidente Vicente Fox declaró ante la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que ?mientras exista la posibilidad de un acuerdo vamos a insistir en él?; pero, ?de no ser así, siempre la transgresión debe de ser impedida y debe de ser castigada?. En contraste ayer, en su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, declaró: ?En nombre de Dios no haremos ninguna represión?.
En esta discusión, sin embargo, se pierde de vista lo que realmente está pasando en Oaxaca. Usar la fuerza pública para levantar el bloqueo no es equivalente a reprimir un movimiento político pacífico.
Desde un punto de vista estrictamente jurídico, la huelga que desde hace cinco meses mantiene la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es ilegal. Hay ya un contrato laboral firmado entre el SNTE y las autoridades educativas que es el que se está aplicando en todo el país y por el que, fuera de Oaxaca, sigue habiendo clases. Pero vamos a suponer que los procesos internos del sindicato no sean los adecuados y que el contrato firmado no refleje la voluntad de los maestros de Oaxaca: eso no les da derecho a bloquear el centro de la capital del estado y a afectar la actividad económica de quienes viven o trabajan ahí.
La Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca no tiene tampoco derecho a impedir el libre tránsito de los ciudadanos, o a golpear y vejar a personas que considera responsables de delitos por los que no han sido juzgados, o agredir a padres de familias que pretenden abrir las escuelas para la educación de sus hijos, o a tomar de manera violenta y utilizar emisoras de radio o de televisión. Estos son delitos penados por la ley. Y la fuerza pública tiene la obligación de impedir las violaciones a la ley.
Yo estoy completamente de acuerdo con las voces que invocan el nombre de Dios para cuestionar la ?represión?. Coincido también con aquellos que, como Alejandro Encinas, exigen soluciones políticas a problemas políticos. Por supuesto que sería una salvajada que la autoridad utilizara la fuerza pública para acallar a quienes de manera legal y pacífica pudieran pedir un aumento de sueldo a los maestros de Oaxaca superior al que se ha dado a los demás docentes del país o la renuncia del gobernador de ese estado.
Pero no seamos hipócritas. Bloquear durante cinco meses las calles de una ciudad, impedir durante ese mismo lapso las actividades educativas de un estado, agredir a quienes tienen puntos de vista discrepantes y despojar de estaciones de radio y televisión a sus legítimos dueños no son actos políticos sino delitos. Y resulta absurdo cuestionar que se use la fuerza pública para evitar la comisión de delitos.
INDEPENDIENTES
Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó la constitucionalidad de las candidaturas independientes a cargos de elección popular según lo dispuesto por una nueva Ley electoral en el estado de Yucatán. Sería un buen momento para que los legisladores federales pensaran en la conveniencia de legalizar las candidaturas independientes en comicios federales. El actual monopolio de los partidos para postular candidatos a puestos de elección es una violación a los derechos políticos de la enorme mayoría de los ciudadanos de nuestro país, ya que somos los más quienes no pertenecemos ni queremos ser parte de ningún partido político.
