“La Ley, sin la fuerza,
es impotente”.
Blaise Pascal
Hace algunos días un grupo de unos 200 estudiantes rechazados de la UNAM y de otras instituciones públicas de educación superior trataron de bloquear la transitada avenida de los Insurgentes a la altura de la rectoría de esa universidad. El Gobierno del Distrito Federal optó por despejar el plantón, cosa que no había hecho en el bloqueo del Paseo de la Reforma. Pero el grupo de estudiantes ha seguido haciendo manifestaciones y protestas en distintos puntos del área metropolitana de la Ciudad de México. En respuesta, esta semana las autoridades educativas anunciaron que revisarían la situación de este grupo de estudiantes en particular. Hugo Aboites, un profesor de la UAM que “asesora” este movimiento, dijo en una entrevista que la UNAM solicitó revisar la lista de los rechazados.
Según él la posición de la universidad es que se buscaría la forma de permitir el ingreso de cuando menos algunos de estos rechazados: “No lo garantizamos -afirma que le dijeron- pero no descartamos dar admisión a estos jóvenes”. No me sorprendería que, efectivamente, la UNAM y otras instituciones le dieran cabida no a las decenas de miles de rechazados ni a los que quedaron más arriba en el examen de ingreso sino precisamente a ese pequeño grupo que ha participado en las manifestaciones. Cada vez queda más claro en nuestro país que hay dos tipos de gobernados: los que participan en manifestaciones y plantones, a los cuales debe dárseles un trato especial y todos los demás, a los cuales nunca se les hace caso.
Por esta razón, las manifestaciones y bloqueos se han convertido en la forma usual de pedir cualquier cosa a las autoridades. Ahí vemos el Paseo de la Reforma y el Centro Histórico de la Ciudad de México, tomados por el PRD que exige que se le entregue la Presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador. Oaxaca lleva tres meses tomada por la Sección 22 del Sindicato de Maestros y por la llamada Alianza Popular del Pueblo de Oaxaca, que demandan la renuncia del gobernador Ulises Ruiz. Ayer un grupo de vecinos tomó una carretera en Chalco, pidiendo ya no recuerdo qué. Y hoy seguramente habrá nuevas manifestaciones y plantones en exigencia de lo que a usted se le antoje. Son las propias autoridades y los políticos los que solapan y promueven esta actitud.
Cuando acababa de empezar su mandato como gobernador del estado de Michoacán, el perredista Lázaro Cárdenas Batel utilizó la fuerza pública para evitar que un grupo de taxistas bloqueara el centro de Morelia; quizá la razón es que esos taxistas eran priistas, porque hoy Cárdenas solapa la toma ilegal de Sicartsa por un grupo de mineros que defienden a Napoleón Gómez Urrutia. Cuando la Policía Federal Preventiva impidió que el perredista Martí Batres y un grupo de seguidores, incluidos diputados de su partido, establecieran un bloqueo en la avenida Congreso de la Unión, fuera del Palacio Legislativo, protestaron no sólo los políticos del PRD, sino los priistas Enrique Jackson y Emilio Chuayffet.
Parecería que en México cualquiera tiene derecho a bloquear calles e instalaciones productivas, siempre y cuando lo haga con la bandera de algún partido político. En otros países del mundo, especialmente en los que tienen democracias más maduras, las cosas no son así.
Todo el mundo tiene derecho a manifestarse, por supuesto, pero no a cerrar calles o accesos de empresas. La Ley en esos países protege también los derechos de los ciudadanos comunes y corrientes, los que no pertenecen a partidos políticos. Muchos políticos mexicanos afirman que el Estado debe abdicar de su responsabilidad de defender los derechos de los ciudadanos comunes y corrientes cuando éstos se contraponen a los de los políticos. Si alguien toma una avenida o cierra una empresa, afirman que la obligación de la Policía es proteger a los bloqueadores y no a los transeúntes, empresarios o trabajadores cuyos derechos se ven afectados.
Dicen que deben respetarse los bloqueos porque éstos benefician a los más pobres. La realidad, sin embargo, es muy distinta: estamos creando un perverso sistema que afecta más los derechos de los más pobres. Si la UNAM u otras universidades públicas abren nuevos lugares no a quienes hayan obtenido mejores calificaciones en el examen sino a los que participaron en bloqueos y manifestaciones, estarán perpetuando este injusto sistema. Si el Gobierno del Distrito Federal y los estatales mantienen la tesis de que cualquiera puede bloquear lo que quiera, siempre y cuando lo haga al amparo de un partido político, estarán sembrando las semillas para nuevas y cada vez más violentas confrontaciones.
Si el Estado no sirve para defender los derechos de todos, entonces cada quién tendrá que defender los suyos a través de la fuerza.
AGUAYO Y PRIMITIVO
La Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ha determinado que Primitivo Rodríguez Oceguera es culpable de haber difamado a Sergio Aguayo. Quienes conocemos bien a Aguayo y que hemos sido testigos de su larga lucha por la democracia, siempre hemos sabido que las acusaciones eran falsas. Pero para él y para la causa de la democracia es muy importante que los tribunales le hayan dado la razón públicamente.
