?Protesto guardar y hacer guardar la Constitución... y las leyes que de ella emanen... y si así no lo hiciere que la nación me lo demande?.Juramento presidencial, Artículo 87 de la Constitución
Este 19 de septiembre, alrededor de 150 policías de Naucalpan, molestos porque se les había modificado su horario de trabajo, bloquearon el Periférico Norte durante tres horas y provocaron un enorme caos vial que afectó a cientos de miles de personas, muchas de las cuales nunca supieron por qué se había colapsado el tránsito en le norte de la Ciudad de México. El presidente municipal de Naucalpan, el panista José Luis Durán, afirmó en un principio que se destituiría a los involucrados en el bloqueo. Al final, como es usual en estos casos, ello no ocurrió.
De hecho, no podemos sorprendernos que los policías hayan recurrido al bloqueo. Los distintos gobiernos de nuestro país han lanzado reiteradamente el mensaje de que los plantones que afectan a terceros son una forma no sólo permitida sino aceptada de hacer peticiones a la autoridad. El Gobierno perredista del Distrito Federal estuvo apoyando y financiando el prolongado bloqueo del Paseo de la Reforma y el Centro Histórico de la Ciudad de México que concluyó el 15 de septiembre.
En una reunión con el consejo editorial del Wall Street Journal en Nueva York, el presidente Vicente Fox señaló este 19 de septiembre que no está de acuerdo en el uso de la fuerza pública, ni siquiera en casos en que ésta se encuentra justificada. Él se refirió específicamente a Oaxaca, que lleva ya cuatro meses tomada por grupos radicales. Con esta respuesta, el presidente mandó la señal que dejará que Oaxaca siga sufriendo los efectos del plantón sin tomar ninguna medida para defender los derechos de los oaxaqueños.
Mucha gente -claramente no la directamente afectada por los bloqueos? defiende esta posición. Considera que la fuerza pública no debe usarse nunca en contra de grupos políticos hagan lo que hagan. Lo único que puede hacer la autoridad, según este punto de vista, es esperar pacientemente a que los radicales obtengan lo que exigen o a que se cansen de violar los derechos de terceros.
Pero esta posición es inaceptable. Para empezar, no es cierto que en nuestro país se permita cualquier tipo de protesta. El presidente sí ha utilizado la fuerza pública, pero sólo para defender sus propios intereses. Recordemos el importante despliegue de fuerza pública que se hizo el primero de septiembre que tenía como objeto permitirle a Fox llegar al Palacio Legislativo. Si esos mismos efectivos se hubieran utilizado para liberar Oaxaca, hace ya mucho tiempo que esa ciudad tendría una vida normal.
Los políticos se niegan usar la fuerza pública para evitarse problemas en lo personal. Un gobernante que actúa con decisión será siempre objeto de críticas por parte de los grupos políticos que se le oponen. Una acción policiaca, por otra parte, puede provocar heridos o incluso muertos. Al costo político que esto implica, se añade la posibilidad que se ejerzan acciones penales en el futuro. Las denuncias en contra del ex presidente Luis Echeverría y de otros altos funcionarios del Gobierno mexicano de las décadas de 1960 y 1970 son el ejemplo que los políticos actuales quieren evitar.
Al negarse a hacer uso de la fuerza pública, sin embargo, nuestros gobernantes no sólo están endosando el costo de las protestas a ciudadanos que no tienen ninguna responsabilidad en lo que ocurre sino que están abiertamente violando su juramento de ?guardar y hacer guardar... las leyes?.
Lo peor de todo es que los grupos radicales que se han acostumbrado a usar los bloqueos como forma de protesta cada vez necesitan ir más lejos. Hacer un plantón en una calle durante un par de horas ya no es suficiente para llamar la atención de los medios de comunicación o de los políticos. Ahora es necesario asfixiar a una ciudad, como lo ha hecho la APPO con Oaxaca. Y si no quieren volverse irrelevantes, estos grupos tienen que escalar cada vez más sus movilizaciones.
La autoridad no puede seguir cruzándose de brazos. Cada vez que se permite un bloqueo de una calle, de una vía rápida o de una ciudad, se siembran las semillas para nuevas acciones de este tipo. Si la autoridad se sigue negando a actuar, tarde o temprano tendrán que ser los propios ciudadanos los que tomen medidas en contra de quienes violan sus derechos.
En todas las sociedades modernas hay una fuerza pública cuya función es hacer cumplir la Ley y defender los derechos de los ciudadanos. Si la fuerza pública no cumple con su trabajo, la sociedad se convertirá en rehén o tendrá que hacerse justicia por propia mano. En aras de evitar una supuesta violencia por la aplicación de la Ley, las autoridades sólo han conseguido el abuso constante de los derechos de los ciudadanos. Se está estableciendo la Ley de la selva en nuestro país. Y en ésta sólo se benefician los más fuertes.
APPO AL D.F.
Los militantes de la APPO se dirigen ahora a la Ciudad de México. Y es lógico: el secuestro de Oaxaca ya no sirve a sus propósitos. Hoy necesitan escalar sus acciones y buscarán, por lo tanto, asfixiar al Distrito Federal. El Gobierno capitalino ya informó que les dará todas las facilidades necesarias. Y el presidente Fox seguirá manteniendo inútiles mesas de diálogo, que ni pueden conseguir la renuncia del gobernador oaxaqueño Ulises Ruiz ni pueden recurrir a la fuerza pública para evitar que la APPO siga violando los derechos de terceros.
