?Hay una sola manera de matar al capitalismo: con impuestos, impuestos y más impuestos?. Karl Marx
En un momento en que el petróleo ya no puede dar el dinero que los políticos necesitan para cumplir con sus compromisos reales e inventados, y ante la falta de una reforma fiscal integral, la Secretaría de Hacienda está recurriendo a un viejo recurso: gravar el ?vicio? o, más bien, lo que los gobernantes consideran como conductas inadecuadas de los ciudadanos.
De tal suerte, en el proyecto de Ley de Ingresos para 2007 se considera un aumento en el impuesto a los productos del tabaco que, aunado a los gravámenes que ya existen, llevaría la carga fiscal de los cigarrillos a un espectacular 260 por ciento. El Gobierno del presidente Felipe Calderón, por otra parte, está pidiendo también a los legisladores que aprueben un impuesto especial de cinco por ciento a los refrescos que se añadiría al IVA que actualmente se les cobra.
No hay duda de que el consumo del tabaco y de los refrescos causa daño a las personas. Lo ideal sería que los propios consumidores, por convencimiento, decidieran evitar o reducir su uso. Pero a mi juicio no es la función del Gobierno, y menos la de la política fiscal, disuadir a los mexicanos de usar productos que puedan ser perjudiciales a su salud. Una vez que el Estado empieza a transitar por ese camino, no hay manera de ponerle un alto.
La experiencia nos dice que la demanda por los productos perjudiciales para la salud es bastante inelástica. La gente no deja de fumar o de consumir refrescos por el precio. Si el costo se vuelve excesivo, lo que hace es acudir a un mercado negro. Y eso es lo que bien puede ocurrir en nuestro país, especialmente en el caso del tabaco, ya que el impuesto está alcanzado niveles realmente inaceptables.
Hemos tenido ya una experiencia en este sentido en la industria de las bebidas alcohólicas. Si se suma el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) al IVA, su carga fiscal ha alcanzado ya el 65 por ciento. Como consecuencia, una botella de tequila cuesta hoy más en Guadalajara que en Chicago. Pero esto no ha hecho que la gente deje de beber: simplemente ha hecho que crezca el mercado de las bebidas adulteradas, el cual representa hoy un valor similar al de las bebidas legales. La recaudación fiscal, en consecuencia, no ha aumentado, aunque sí los riesgos para una población que hoy se ve obligada a consumir productos adulterados que no tienen los controles oficiales de salud de las bebidas legítimas.
El nuevo impuesto a los refrescos no es suficiente para generar ese mercado negro, pero sí tendrá un impacto muy negativo en las familias más pobres. A los ricos y a los funcionarios públicos les parece incorrecto que las familias gasten un porcentaje tan alto de su ingreso para el consumo de refrescos como para la tortilla; pero finalmente ésa es una decisión de la gente, para la que el refresco es muchas veces una opción más sana que un agua que suele llegar muy contaminada a las comunidades más pobres del país.
La Secretaría de Hacienda ha tratado de ocultar la naturaleza moralista del impuesto a los refrescos argumentando que se trata de una sustitución al de 20 por ciento que se aplicaba a los refrescos producidos con alta fructosa. La Organización Mundial de Comercio ya ha señalado que ese gravamen a la alta fructosa es ilegal por lo que tiene que ser eliminado.
Pero la verdad es que estos dos impuestos no tienen nada que ver el uno con el otro. Para empezar, el de la alta fructosa no recaudaba gran cosa, porque estaba diseñado para impedir la importación de alta fructosa. Para evitar su pago, los productores de refrescos simplemente cambiaron la mayor parte de su producción de fructosa a azúcar, que era lo que buscaban los legisladores con un ánimo abiertamente proteccionista. El nuevo gravamen de cinco por ciento, en cambio, golpea a todos los consumidores de refrescos y no permite escapatoria.
Tanto la industria cigarrera como la refresquera están haciendo esfuerzos para impedir que estos gravámenes moralistas entren en vigor. Las tabacaleras quieren llamar la atención a los legisladores al hecho de que un cuarto de millón de personas vive de la producción de la planta de tabaco y de su procesamiento y que la mayoría es muy pobre. Las refresqueras, mientras tanto, están acudiendo directamente a los consumidores en una muy bien montada campaña de publicidad que señala que el Gobierno que prometió ayudar a los pobres ahora los está atacando; el anuncio añade que los legisladores, ?si verdaderamente trabajan para nosotros?, se opondrán a este nuevo impuesto.
Yo entiendo, por supuesto, la desesperación del nuevo Gobierno por obtener recursos de donde sea, especialmente en un momento en que todos los grupos de poder le exigen más y más dinero. Pero siempre he sostenido -y lo seguiré haciendo- que los impuestos especiales, y más aún los de carácter moralista, terminan siendo negativos. Todas las experiencias nos señalan que es mejor tener un sistema fiscal simple y justo, y que la gente, y no los políticos, decida qué quiere consumir.
TERMINA HUELGA
Terminó finalmente la huelga que una CROC impulsada por razones políticas impuso al diario Noticias de Oaxaca. Éste es un acto de justicia, pero los mexicanos no podemos darnos el lujo de olvidar la experiencia. No es posible que tengamos una Ley laboral que permite que un sindicato ponga las banderas de huelga en una empresa sin el consentimiento de los trabajadores.
