?El Gobierno de los Estados Unidos debe cerrar las instalaciones de detención de la bahía de Guantánamo sin demora?. Comisión de Derechos Humanos,
Naciones Unidas
Resulta claro que en la isla de Cuba se registran violaciones a los derechos humanos. También es evidente que las autoridades responsables se niegan a tomar medidas para evitarlas. Pero esto ocurre no sólo con el Gobierno de Fidel Castro, el cual se ha negado de manera reiterada a permitir la entrada a la isla de un relator para determinar las posibles violaciones a los derechos humanos generadas por su régimen, sino también con las autoridades estadounidenses, que mantienen control sobre un enclave de la isla, la base naval de Guantánamo.
En unas semanas más la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con sede en Ginebra votará una serie de resoluciones sobre posibles violaciones a los derechos humanos en distintos países del mundo. Como sucede todos los años, una de las resoluciones tendrá que ver con Cuba.
No se condenará en realidad al régimen de Castro por estas violaciones, sino que se le pedirá que permita la entrada de un relator de las Naciones Unidas para investigar si, efectivamente, se dan estas violaciones en el país. Cuba se ha negado de manera persistente a aceptar el ingreso de este relator.
También el Gobierno de Estados Unidos, sin embargo, se está negando a aceptar una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ayer fue presentado un informe de un grupo de investigación de esta comisión en que se pide a Estados Unidos cerrar el centro de detenciones que mantiene en el enclave donde se ubica su base naval en Guantánamo.
El informe sostiene que los reclusos deben ser liberados o sometidos a juicio y que las autoridades estadounidenses deben dejar de aplicar en su interior prácticas equivalentes a la tortura. Pide también que se permita el acceso sin restricciones a Guantánamo de los investigadores de la Comisión de Derechos Humanos.
El centro de detenciones ha operado desde 2001. Hoy se encuentran recluidos ahí alrededor de 520 presos. No sabemos a ciencia cierta cuántos son ni quiénes son. Si bien se les acusa de actos terroristas, solamente unos diez han sido sometidos a juicio. Los otros se encuentran encarcelados sin recurso a defensa o proceso legal alguno.
El Gobierno de Estados Unidos, como se esperaba, ha rechazado ya las conclusiones del informe. En la versión disponible en Internet, de hecho, el documento viene acompañado de una declaración formal del embajador estadounidense ante la Comisión de Derechos Humanos, Kevin Edward Moley, que cuestiona el documento. Moley acusa a los relatores de no haber dado tiempo al Gobierno estadounidense de estudiar las acusaciones y de responder adecuadamente a ellas.
También les cuestiona el haber llegado a conclusiones sin visitar el centro de detención. Sin embargo, no aclara el informe que sólo tres de los cinco expertos fueron invitados a visitar la base, pero se negaron a acudir cuando se les informó que no se les permitiría entrevistar a los detenidos, lo cual le habría quitado sentido a la visita. El Gobierno estadounidense sostiene que todos los detenidos de Guantánamo son terroristas; y, si bien no lo dice expresamente, sugiere que por lo tanto no pueden exigir respeto a sus derechos humanos.
Pero si son o no terroristas, esto debería ser definido por un juez imparcial y sólo después de la presentación de pruebas bajo las garantías de una Ley justa. Hoy nadie sabe realmente siquiera quiénes son los detenidos y mucho menos qué pruebas hay de su responsabilidad. Ahora bien, supongamos que todos los detenidos sean efectivamente terroristas, pero esto no significaría que no tuvieran derechos que respetar. Estados Unidos es uno de los países que más ha contribuido en la historia a la creación de una cultura democrática.
El suyo fue el primer régimen en el mundo con equilibrio de poderes y respeto real a la Ley. Muchos de los preceptos que hoy consideramos indispensables para la existencia de un Estado de Derecho, como el juicio previo o el reconocimiento de garantías individuales, nacieron precisamente en la Unión Americana. Pero hoy, cuando vemos las violaciones a las garantías individuales de los prisioneros del ejército estadounidense en Irak, Afganistán o Guantánamo, es inevitable darse cuenta que Estados Unidos ha dejado de ser un ejemplo para convertirse un violador más de los derechos humanos.
Y esto, por supuesto, despoja al país de cualquier estatura moral que le permita exigir a otras naciones del mundo, incluyendo a Cuba, el respeto a los derechos humanos.
SIN IMPUESTO
El consorcio Aeroméxico, antes Cintra, les ha propuesto a sus accionistas vender sus acciones a través de la bolsa para evitar el pago del Impuesto Sobre la Renta. La recomendación es lógica: las ventajas de hacerlo son enormes. Pero es injusto que nuestro país siga dando una exención fiscal total a las ganancias de bolsa cuando se le niega a cualquier otra actividad económica. No podemos exigir a todos los mexicanos que paguen impuestos si quienes obtienen ganancias a través de la bolsa quedan exentos. Correo electrónico:
sergiosarmiento@todito.com
