?El hombre ha fundado un reino de valores. Vale todo lo que satisface sus deseos. No vale lo que los contraría?. Enrique Anderson Imbert
Han pasado ya varios meses desde la última vez que escuchamos alguna información sobre la disputa por el control del sindicato minero. La atención de los medios y de los mexicanos se había centrado en otros conflictos, como el electoral, el de Oaxaca y de la toma de protesta del presidente. Pero la actual tranquilidad no significa que el conflicto esté muerto. Por el contrario, hay conciencia de que puede estallar nuevamente en cualquier momento. Por eso, las autoridades laborales del nuevo Gobierno se han estado reuniendo con ambas partes y buscarán tener una solución en enero.
El tema no es fácil. Hay buenas razones para pensar que la elección original de Napoleón Gómez Urrutia como secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana fue ilegal.
Gómez Urrutia tenía el apoyo de su padre, el ya enfermo y sempiterno líder minero, Napoleón Gómez Sada, así como de muchos de los dirigentes locales que habían trabajado con éste durante décadas. Pero carecía de los cinco años de trabajo como minero que requerían los estatutos del sindicato. Por eso Mariano Palacios Alcocer, el secretario del Trabajo en la parte final del sexenio de Ernesto Zedillo, se negó a darle la toma de nota con su consiguiente reconocimiento legal.
En la elección interna por la secretaría general Gómez Urrutia se enfrentó a otro dirigente sindical, Elías Morales. Tras su triunfo, Gómez Urrutia expulsó a Morales del sindicato. Pero el líder disidente recurrió a los tribunales y fue reinstalado.
Ya en el sexenio de Vicente Fox, el nuevo secretario del Trabajo, Carlos Abascal, accedió a dar la toma de nota a Gómez Urrutia debido a que éste presentó un certificado de la empresa Peñoles, de la familia Balleres, comprobando que había trabajado en la empresa durante cinco años. Es muy probable que el certificado haya sido falso, pero cumplía con los requisitos de Ley para que se reconociera la titularidad de Gómez Urrutia.
El sindicato bajo la dirección del joven Napoleón pronto entró en conflicto con el Grupo México, de Germán Larrea, por diversas razones. Uno de los problemas fue la exigencia de Gómez Urrutia para que la corporación pagara una cantidad de 55 millones de dólares que se había acordado como parte de la privatización de la mina de Cananea. Después de una lucha por evitar el pago, Grupo México finalmente se vio obligado a hacerlo.
¿En qué se usó este dinero? Gómez Urrutia y su gente afirman que se distribuyó entre los trabajadores de Cananea, como se debía hacer. Elías Morales y un grupo de trabajadores, sin embargo, denunciaron al líder por supuestos malos manejos de ese dinero. El Consejo de Vigilancia, formado por tres líderes, entre ellos el restituido Morales, presentó a la Secretaría del Trabajo un documento en el que se desconocía a Gómez Urrutia como dirigente. La destitución llevaba sólo dos firmas: la de Morales y la del primer vocal, Juan Luis Zúñiga Velázquez. El problema es que este último ha señalado abiertamente que él no firmó el documento y ha presentado un peritaje que certifica que la firma ahí asentada no es suya.
No será fácil desentrañar toda esta madeja. Y si bien reconozco que no conozco todos los detalles del caso, es inevitable llegar a varias conclusiones. Estoy convencido, por ejemplo, de que Gómez Urrutia no cumplía realmente con los requisitos para ser secretario general del sindicato. Pero desde un punto de vista legal las objeciones se vencieron con la certificación de Peñoles. Para echar para atrás la toma de nota, se habría necesitado que se presentaran pruebas de la falsedad de ese certificado. Y nadie lo hizo.
No hay duda que la expulsión de Elías Morales del sindicato fue ilegal, como ya lo han decidido los tribunales, pero la posterior destitución de Gómez Urrutia por Morales también fue ilegal. La segunda firma, la crucial, fue aparentemente falsificada.
Cualquier solución al conflicto debe pasar por una auditoría externa sobre el uso del dinero entregado por Grupo México al sindicato. Y claramente el sindicato debe tener una nueva convención y una nueva elección, cosa que bien puede resultar en un nuevo triunfo de Gómez Urrutia. Todo parece indicar que la lealtad de la mayoría de los líderes locales, muchos de los cuales les deben sus cargos al viejo Napoleón, se mantiene firme en apoyo de Gómez Urrutia.
El nuevo secretario del Trabajo, Javier Lozano, no puede dejar que transcurra mucho tiempo para resolver el tema.
SEGURIDAD PÚBLICA
¿Se necesita realmente ese aumento de 58 por ciento en el presupuesto de seguridad pública del Gobierno Federal? No lo sé con certeza. Los problemas no se resuelven simplemente por arrojarles dinero. Pero tan sólo ayer vimos el enfrentamiento entre soldados y sicarios en Aguililla, Michoacán, que dejó un saldo de cinco muertos así como el homicidio de Felipe Zavala, primo de Margarita Zavala. Tanto en Baja California como en Nuevo León, grupos sociales diversos están pidiendo que el Ejército y la PFP intervengan en sus entidades como lo han hecho en Michoacán. Asimismo, las encuestas de opinión señalan que la inseguridad ha vuelto a ser la principal preocupación de la gente. Mal harían los legisladores en no escuchar este clamor.
