?En un principio la enfermedad es fácil de curar pero difícil de diagnosticar pero con el paso del tiempo se hace fácil de diagnosticar pero difícil de curar?. Maquiavelo
Al final cayó por tierra la idea de que se podía evitar la violencia negociando y cediendo constantemente ante las exigencias de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Este viernes pasado 27 de octubre la jornada de bloqueos de calles y carreteras ordenada por la APPO en Oaxaca se saldó con confrontaciones que dejaron cuando menos tres muertos y decenas de heridos. El sábado, finalmente, el presidente Vicente Fox tomó esa decisión postergada durante casi cinco meses de enviar la Fuerza pública federal a Oaxaca.
El camarógrafo estadounidense Brad Will y el maestro Emilio Alonso fueron, al parecer, muertos por disparos de funcionarios o policías vestidos de civil o quizá de ciudadanos simpatizantes con el gobernador Ulises Ruiz que buscaban levantar las barricadas de la APPO. El hecho de que se hayan llevado a cabo el viernes varios intentos simultáneos por levantar las barricadas en distintos puntos de Oaxaca sugiere un plan coordinado, quizá preparado por el Gobierno del Estado.
Esteban Zurita, un habitante de Santa María Coyotepec, fue al parecer ultimado por miembros de la APPO o de la Sección 22 del SNTE. ?Qué autorización tienen los maestros de usar armas de fuego? dijo a un reportero de El Universal Graciela Zurita, hija del fallecido. ?Lo mataron a sangre fría. Que no quieran hacer esto como de la APPO. Mi padre no pertenecía ni a la APPO, ni a los maestros, ni a nadie. Y ya nos lo mataron?.
Estos hechos de violencia obligaron al presidente Vicente Fox, después de meses de reticencia, a enviar a miles de efectivos de la Policía Federal Preventiva y del Ejército a Oaxaca. Es triste reconocerlo, pero el hecho de que uno de los muertos haya sido estadounidense le imprimió un sentido de urgencia a la acción que no había generado los homicidios previos de una decena de oaxaqueños. Ayer, después de organizar a sus efectivos, la PFP comenzó su avance hacia el centro de la ciudad.
Las responsabilidades criminales que se han venido acumulando en estos cinco meses en Oaxaca no pueden soslayarse. Por supuesto que debe presentarse cargos en contra de quienes el viernes y en otros días dispararon y mataron a personas de uno y otro bando. Pero también debe haber acciones judiciales en contra de quienes durante cinco meses usaron la fuerza para asfixiar Oaxaca y volvieron así inevitable la violencia.
Asegurar, como lo hace la APPO o el PRD, que la única violencia en el estado es de quienes buscaban levantar las barricadas o de la Policía es cerrar los ojos a la realidad. No hay duda que con el bloqueo de cinco meses de Oaxaca se buscaba provocar la confrontación violenta que hemos visto.
La fuerza pública, aun si se usa correctamente, no representa la solución a la crisis de Oaxaca. Son demasiado numerosos y demasiado fuertes los enemigos de Ulises Ruiz que piden su renuncia y su destitución. Quizá el gobernador pueda permanecer en funciones si es apuntalado por el Gobierno Federal, pero lo sería a un costo muy grande para el estado y para los oaxaqueños. El mandatario debe considerar la posibilidad de renunciar a su cargo por el bien de Oaxaca.
Las autoridades de todos los niveles, sin embargo, deben aprender la lección. Es absurda la idea de nuestros políticos de que se puede evitar la violencia si no se recurre a la fuerza pública cuando los grupos políticos violan la Ley. Lo que hemos visto a lo largo de los últimos años es que, al hacer concesiones constantes a los grupos que usan la fuerza para presionar al Gobierno, lo único que se logra es dar incentivos para aumentar estas presiones. Si realmente se quiere evitar la violencia, es importante que desde el primer momento quede claro que las presiones, especialmente las que se llevan a cabo a través de bloqueos que violan los derechos de terceros, no son aceptables en el México actual.
Vicente Fox hizo todo lo posible por evitar el uso de la fuerza pública en Oaxaca. Dejó que durante más de cinco meses se violentaran impunemente los derechos de los oaxaqueños. Permitió que se postrara económicamente a la ciudad y que se dejara sin educación a los niños del estado.
El gobernador Ulises Ruiz llevó a cabo, mientras tanto, un juego perverso. Hizo un intento de desalojo de los grupos que habían tomado el centro de Oaxaca el 14 de junio, pero retiró a su fuerza pública dos horas después y desde entonces insistió que la responsabilidad era del Gobierno Federal y no del estado. El presidente Fox trató también de evadir la responsabilidad hasta que la violencia del viernes confirmó que eso era imposible.
La lección es inevitable. Es mejor aplicar la Ley desde el primer momento y no permitir que las cosas lleguen al punto en que la gente se haga justicia a balazos. Esto es lo que había ocurrido en Oaxaca para el momento en que la Federación decidió mandar la Fuerza pública.
IMPOPULARES
El jueves pasado, en una mesa redonda en la 48 Semana de la Radio y la Televisión, el vocero presidencial Rubén Aguilar señalaba que las encuestas revelan que la gente se opone al uso de la fuerza pública para resolver el problema de Oaxaca. Y sin duda tiene razón. Pero un estadista, a diferencia de un político que se guía sólo por las encuestas, sabe que debe muchas veces tomar medidas impopulares por el bien del país.
