EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN, COAH.- Javier Gutiérrez Pesquera, ex director de Seguridad Pública en Torreón, antes de renunciar a su cargo presentó su inconformidad por la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), contra cinco policías preventivos.
La recomendación del citado organismo cita abusos en el ejercicio de sus facultades contra cinco policías que ?acusaron de manera injustificada a un par de jóvenes? en relación al asalto ocurrido en una plaza comercial el pasada 11 de diciembre de 2004.
Alfredo Castellanos Castro, director de Seguridad Pública, indicó que en su momento tuvo conocimiento de la notificación de la CDHEC y se enteró por medio de su antecesor que lejos de aceptar la recomendación, se emitiría una carta de inconformidad.
El señalamiento del entonces titular de la Policía Preventiva se basó en que uno de los agentes involucrados, Tomás Avitia Pérez, fue golpeado por uno de los participantes en el asalto y siempre exigió que se aplicara un examen a un residuo de sangre en sus ropas que pertenecía a su agresor.
Un procedimiento disciplinario se plantea en la recomendación que principalmente va dirigida al ex alcalde, Guillermo Anaya Llamas, en su calidad de jefe de Seguridad Pública y responsable de las acciones de sus subordinados.
ANTECEDENTES
Como se informó en su oportunidad, David Corrales García, director jurídico de la CEDH, informó que en diciembre de 2004, la Policía Preventiva de Torreón arrestó a Óscar Alán Segura Echevarría y a Paul Iván Lozano Martínez, a quienes los agentes acusaron de haber robado una joyería localizada dentro de uno de los centros comerciales de la ciudad.
?Los quejosos fueron detenidos arbitrariamente, pues no se contaba con una orden de aprehensión expedida por la autoridad judicial competente y tampoco se acreditó ninguno de los supuestos de delito flagrante; además de ser amenazados por elementos de dicha corporación, con el objeto de obtener su confesión?.
Los agentes involucrados en la resolución son Tomás Avitia Pérez, Luciano Juárez Díaz, José R. González, Víctor Ibarra Hernández y Víctor Solís Vázquez, quienes se mantienen activos en la corporación y no han sido objeto de ninguna sanción propuesta por Derechos Humanos.
