El universal-AEE
MÉXICO, DF.- En el último año más de 15 jefes policiacos en los estados de Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Nuevo León, han sido el “blanco” de ejecuciones. En todos los casos está la rúbrica del narcotráfico: los sicarios de las organizaciones criminales igual utilizan rifles de asalto que granadas de fragmentación e incluso han recurrido a la decapitación para consumar los asesinatos para enviar sus mensajes de violencia.
De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), en la investigación de estos homicidios, que es una modalidad cada vez más frecuente, no se descarta como hipótesis que la ruptura de pactos entre capos y corporaciones policiacas locales, sean el resultado la violencia contra los mandos, que se ha intensificado en los últimos meses.
Autoridades de la dependencia federal, indicaron que “aunque no se puede generalizar, una de las principales líneas de investigación para esclarecer estos crímenes, apunta a la posible colusión de los mandos y policías asesinados, con las organizaciones criminales, como actos de venganza”.
Esta posible fractura de pactos, indicaron, se enmarca también en la disputa que sostienen cárteles como los de Sinaloa y del Golfo, por el control de los territorios para el tráfico de droga, en la que cuentan con la participación de elementos de las corporaciones policiacas locales.
Aunque las autoridades consultadas, también reconocieron que en algunos de los casos, la ejecución de los jefes policiacos, como ha ocurrido en los estados de Michoacán y Nuevo León, puede obedecer también a actos de represalia, por la participación de las víctimas en el combate a las organizaciones criminales, pues los asesinatos han coincidido con la captura de narcotraficantes y el aseguramiento de cargamentos de droga.
Sin embargo, las investigaciones que realizan autoridades locales y la PGR en torno a estas ejecuciones no descartan la línea de los “ajustes de cuentas” por pactos incumplidos. De hecho, el pasado 20 de abril, en Acapulco, Guerrero, fueron ejecutados Mario Núñez Maganda, quien fuera comandante del Grupo de Reacción Inmediata Relámpago, y el policía Érik Juárez Martínez, quienes fueron decapitados y sus cabezas expuestas frente a las instalaciones de una dependencia.
Ante este caso, ese mismo día el titular de la PGR, Daniel Cabeza de Vaca Hernández, aseguró que “lo que hemos visto es que se necesita depurar los cuerpos policiacos municipales y estatales en Guerrero, porque esto no indica, mas que los policías desgraciadamente tienen alguna relación con el narcotráfico, algún tipo de implicación”. Afirmó que “es obvio que si son víctimas en esa forma, es por algún compromiso incumplido o por alguna venganza de algún grupo rival, eso es lo que nos indica”.
La ola de ejecuciones contra jefes policiacos integra una larga lista que incluye el asesinato de Alejandro Domínguez Cuello, en junio de 2005, quien fue baleado a unas horas de que asumió el mando de la policía de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Mientras que en Michoacán desde octubre del año pasado hasta la fecha suman 11 los mandos ultimados -además de por lo menos cinco policías-.
Entre las víctimas están Gregorio Mendoza Soto, Daniel Guillén Balladares y Raúl Esquivel Rodríguez, director, subdirector y primer comandante de la Dirección de Seguridad Pública (DSP), en el puerto de Lázaro Cárdenas, respectivamente.
Además, Agustín Polvos Mancilla, jefe de la Policía Intermunicipal de Tierra Caliente; Jorge Cerda Medina, subdirector de la policía municipal de La Piedad; así como Gonzalo Domínguez Díaz, primer comandante de la Policía Ministerial de Pátzcuaro, asesinado el nueve de mayo pasado, entre otros.
La lista incluye los nombres de Javier García Rodríguez, secretario de Seguridad Pública del municipio de Sabinas Hidalgo y de Héctor Eduardo Ayala Moreno, director de Seguridad Pública del municipio de Garza García, en el estado de Nuevo León, ejecutados en febrero de este año.
