“Nadie podrá ser despojado de la vida, de la libertad o de sus propiedades... sino mediante juicio seguido ante los tribunales”.
Constitución Política, Artículo 14
La Suprema Corte de Justicia ha tomado una decisión muy importante para los mexicanos al echar para atrás las expropiaciones de los ingenios azucareros realizadas por el Gobierno Federal al principio de este régimen.
El que se decrete la inconstitucionalidad de la acción con la cual en septiembre del 2001 el Gobierno incautó 27 ingenios azucareros es importante, pero más lo es la decisión de revertir una vieja tesis jurisprudencial que despojaba a los mexicanos del derecho a una audiencia previa en caso de una expropiación.
El Artículo 14 de la Constitución Mexicana determina que nadie puede ser privado de su libertad o de su propiedad sin ser previamente sometido a juicio. Desde hace décadas, sin embargo, los tribunales de nuestro país han hecho caso omiso de esta garantía constitucional debido, en buena medida, a su temor a un enfrentamiento con el Ejecutivo: han permitido así que se lleven a cabo expropiaciones de todo tipo sin audiencia previa y muchas veces, de hecho, sin indemnización.
Bastaba con que un presidente, un gobernador o un alcalde quisieran despojar a un individuo de sus propiedades para que esto se hiciera. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia han proscrito a partir de ahora esta práctica.
No es común que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eche para atrás una jurisprudencia previa. La razón es que esto manda un mensaje de incertidumbre a todos los actores de la economía y la política. Por eso son tan pocos los abogados que han tratado de cuestionar la legitimidad de una expropiación con el argumento de la falta de la garantía constitucional de una audiencia previa.
Y por eso también la discusión sobre el amparo ante la expropiación de los ingenios de Teresa Machado fue tan intensa y tan prolongada en el pleno de la Suprema Corte de Justicia.
Los opositores del régimen de Vicente Fox han aprovechado esta decisión para cuestionar la eficacia del Gobierno panista. La Confederación Nacional Campesina, un grupo corporativista priista, señaló que el Gobierno estaba pagando la novatada de una expropiación mal hecha. Cuando menos en el caso que se decidió este lunes pasado, sin embargo, no hay indicaciones que el Gobierno de Fox haya actuado de forma incorrecta. Lo único que hizo fue tratar de aprovechar los enormes poderes discrecionales que los tribunales les habían otorgado en el pasado a los presidentes priistas; los mismos que en 1982 le permitieron a José López Portillo expropiar los bancos mexicanos sin necesidad de un juicio previo. Para bien de todos los mexicanos el Ejecutivo ha perdido hoy esta prerrogativa.
La devolución de los ingenios a sus legítimos dueños no resolverá, sin embargo, los profundos problemas de la industria azucarera mexicana, como tampoco lo hicieron las expropiaciones de 2001. A pesar de lo que sostiene el Gobierno de la República, en el sentido que fue la intervención gubernamental lo que ordenó el mercado azucarero y permitió que los ingenios reanudaran sus pagos a los cañeros, la verdad es que la industria sigue siendo tan ineficiente como antes.
No ha habido ninguna mejora estructural. Lo que permitió que la industria saliera de sus problemas de corto plazo fue el establecimiento de un impuesto proteccionista de 20 por ciento al empleo de alta fructosa en refrescos.
Esto favoreció el uso de azúcar, pero el gravamen ha sido ya declarado ilegal por la Organización Mundial de Comercio.
Los dueños de los ingenios tendrán ahora que empezar el trabajo de construir una industria más eficiente cuatro años y medio después de la expropiación y en circunstancias muy adversas. Si bien el presidente Fox ha derogado el Decreto Cañero que durante décadas fue un lastre enorme en la competitividad de la industria, la nueva Ley Cañera impulsada por legisladores del PRI y el PRD es casi tan dañina como aquél.
Por otra parte, la cercanía del proceso electoral hará muy difícil que se hagan en el corto plazo las reformas que volverían más eficiente a la industria.
El tiempo, desafortunadamente, se está agotando. El próximo 2008 se abrirá definitivamente el comercio del azúcar en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Lo lógico sería que un país con el clima y el costo de mano de obra de México fuera más competitivo que Estados Unidos en esta apertura. Pero han pasado 12 años desde la entrada en vigor del TLC y nuestro país aún no ha empezado a tomar las medidas que le permitirían realmente volverse más competitivo.
Al final, cuando nuestra industria azucarera se vea imposibilitada de competir, nuestros políticos les echarán la culpa a los gringos. No querrán darse cuenta que los únicos responsables del fracaso azucarero de nuestro país son ellos mismos.
ASISTENCIALISMO
Son tiempos electorales y el presidente Fox no quiere dejarle a López Obrador el voto de simpatía que genera el apoyo a los viejitos. Así, ha anunciado ya un programa de subsidio de 500 pesos bimestrales para un millón de ancianos registrados en el Programa Oportunidades. ¿Cuánto va a costar esto? Nadie lo sabe. Pero éstas son meras pequeñeces en tiempos electorales.
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