Muchas responsabilidades tendrá nuestro próximo presidente. Sea quien sea, deberá impulsar los cambios elementales para alcanzar el desarrollo tan anhelado por los mexicanos. Dentro de todas sus prioridades, el sucesor de Vicente Fox tiene que hacer más eficientes y más justas las acciones emprendidas por el Poder Judicial.
Si en nuestro país abunda la delincuencia y la corrupción, es precisamente por las fallas del sistema de justicia. Es increíble que en la actualidad 112 personas son enjuiciadas a diario por un delito que no cometieron o que no les probaron.
Muchas de esas personas que son privadas de su libertad injustamente, tienen que someterse a juicios que pueden prolongarse por más de un año. ¿Y qué pasa con los verdaderos delincuentes? La mayoría sigue en las calles haciendo que la vida de los mexicanos sea más dura.
Una muestra de cómo se imparte la justicia en el país nos la ofreció el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El haber prohibido al PAN la transmisión de anuncios en donde se asegura que Andrés Manuel es un peligro para México, y el haber permitido al PRD que siguiera difundiendo sus spots en donde se califica como mentiroso a Felipe Calderón, nos lleva a darnos cuenta cómo proceden las autoridades judiciales en México.
Los miembros del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación cometieron un grave error, pues su fallo ha orillado a miles de mexicanos a dudar de la imparcialidad en los juicios electorales. Los miembros del Trife justifican su proceder al asegurar que el PAN violó las normas electorales al incurrir en la calumnia, pero encima de todo, debe estar el sentido común.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice en su Artículo 19 que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Más que hacer justicia, el Tribunal Electoral se echó un lazo al cuello, pues su proceder no fue parejo. Al no sancionar al PRD por sus anuncios, en los cuales la falsedad es más que evidente, pasan de ser una institución rectora a una institución censora.
Como todos sabemos, la contienda por la Presidencia de la República podría ser la más cerrada en la historia. Las encuestas publicadas por los distintos medios nos hacen prever tal situación, y muchos se atreven a afirmar que el tres de julio será un día en donde abundará la agitación popular. Ante esta situación, ¿qué podemos esperar de nuestras autoridades electorales? La verdad no mucho.
A diferencia de hace seis años, el IFE es ahora una institución cuestionada. Lo mismo sucede con el Trife. Ante una eventual anarquía electoral, sólo nos queda imaginar que el próximo Presidente de la República carecerá de legitimidad y, por lo tanto, de la confianza de los mexicanos.
Mucho se ha insistido que en el país debe reinar un Estado de Derecho. Sin embargo, jamás podrá alcanzarse este sueño mientras sigan abundando las injusticias e ineficiencias en el Poder Judicial.
En estos días electorales, las autoridades deberán reunir todo su talento para no cometer más errores que puedan mostrarnos su inequidad al impartir la justicia. Como órgano rector del proceso, no deberá dejarse presionar por nadie. Los mexicanos queremos que su labor sólo esté encaminada a garantizar la igualdad y la justicia en la contienda presidencial.
Las autoridades electorales deben aprovechar estos días para volver a lo suyo, y despojarse de obligaciones censoras. Por encima de normas particulares, la Constitución nos regala a los mexicanos la libertad de expresión, y nada ni nadie, debe despojarnos de ese derecho sagrado.
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