En sendas reuniones que sostuvieron con los colaboradores editoriales de Reforma, utilicé mi turno para preguntar a Roberto Madrazo y a Andrés Manuel López Obrador su posición sobre la reforma legislativa en materia de radio y televisión. Los encuentros ocurrieron hace unas semanas, cuando la minuta aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados esperaba en el Senado el momento de su aprobación. Las respuestas de ambos candidatos, con el temperamento de cada quien, mostraron su cautela frente al poder de la televisión. Una actitud semejante adoptó Felipe Calderón, más recientemente, ante un grupo de escritores opuestos a las enmiendas mencionadas. Si se les hubiera preguntado explícitamente si temían a las televisoras acaso hubieran respondido con una frase hecha usual hace tiempo: “no es miedo, es precaución”. Pero al decirlo quizá tratarían de encubrir su noción sobre el poder de las televisoras.
El candidato priista, a quien varios participantes en la reunión mencionada expusieron su preocupación sobre el tema, inició su respuesta enseñando su completo acuerdo con la legislación aprobada por los diputados, inspirada por los magnates del ramo. Hizo suyo un prejuicio sobre las radiodifusoras comunitarias esparcido por los personeros de los consorcios dominantes: son subversivas, dijo, acudiendo al léxico anticomunista de los años cincuenta. Se detuvo, sin embargo, y en vez de abundar en las razones por las que su partido había votado en San Lázaro a favor de la reforma, cambió de tono y dejó de manifestarse conocedor del tema y prefirió decir que apenas estaba interiorizándose en él, para eludir una toma de posición definida.
A pregunta expresa, López Obrador dijo que estaba en desacuerdo con el contenido de la reforma y negó que los diputados de su partido le hubieran informado, ya no digamos consultado, sobre la votación del primero de diciembre. Cuando le expresé mi preocupación sobre su trato con las televisoras (había comenzado La otra versión, en el canal 13 y había aceptado reunirse con los dueños de Televisa, mientras que había rehusado hacerlo con la Concamin), afirmó que su relación con las televisoras se limitaba a esos hechos públicos y que era y sería de mutuo respeto.
Sin embargo, en el trance de la aprobación senatorial de la reforma, el candidato de la coalición Por el Bien de Todos no condenó su contenido, si bien sugirió sin ser atendido el aplazamiento de la cuestión y alertó sobre el eventual acuerdo de sus contrincantes con las televisoras para apoyar la reforma a cambio de trato preferencial en las pantallas y micrófonos. Madrazo evadió el asunto, aunque la actitud de la mayoría de los senadores priistas hizo innecesaria su definición.
Josefina Vázquez Mota condujo ante Calderón a un grupo de escritores que le expresaron su preocupación por el apoyo panista a la nueva legislación. Los presentes pidieron al candidato panista pronunciarse en contra de la reforma o al menos por su diferición. Las versiones de algunos presentes que me fueron confiadas coinciden en reproducir una expresión semejante a ¡me hacen polvo! o ¡acaban conmigo! como reacción de las televisoras si él se manifestara en el sentido que se le proponía.
Madrazo y Calderón se mostraron consecuentes con la posición de los gobiernos surgidos de sus partidos, dadivosos con los integrantes del duopolio al que alimentaron con tal fruición y largueza que crearon monstruos al que ahora el poder político está sometido.
Antaño el Gobierno y las televisoras mantenían una relación de complicidad, ahora el Gobierno y los políticos en general temen a las televisoras y admiten una relación de subordinación.
La mesura de López Obrador, que no ha dicho en público lo que nos dijo en privado, no le sirvió de mucho pues hace poco se quejó de parcialidad en su contra, al menos en lo que toca a un programa de chacota política (al que no llamo cómico para no degradar la noción de comedia).
La precaución, o el miedo de los partidos que por esa sensación y por conveniencia auspiciaron la aprobación de la reforma sobre medios, se extiende a los terrenos del debate electoral. Así se mostró en el programa que el IFE pretendió dedicar a discutir la nueva legislación sobre telecomunicaciones y radio y televisión.
Como de costumbre, se pidió a los partidos designar un representante para abordar el tema. No tienen que ser dirigentes, aunque a menudo los haya, sino más comúnmente especialistas en el rubro de que se trate. A la grabación del diez de abril sólo llegaron los personeros de Alternativa, Andrés Lajous y Rubén Islas, del PRD (o de la coalición Por el Bien de Todos). Por cierto, al activismo de este último, que representa a su partido en el consejo electoral del Estado de México, debemos el conocimiento de los contratos de publicidad suscritos por el Gobierno de Arturo Montiel en su último año, los que sirvieron no sólo para la difusión institucional de sus logros, sino también para su propia campaña presidencial y la local de Enrique Peña Nieto.
Los representantes del resto de los partidos no llegaron a la grabación del programa, que ya comenzó a difundirse. Carece de relieve que se haya ausentado el de Nueva Alianza, porque sus posiciones todavía no causan impacto en la sociedad. Pero es significativa la ausencia de un priista y un panista. Respecto de este último, el diputado Germán Martínez culpó de esa falta al senador Héctor Larios, que no encontró ni un defensor de la reforma.
