La reyerta suscitada en el arranque de la Administración de José Ángel Pérez Hernández, resulta inmerecida para una ciudadanía que en Torreón votó en forma contundente por el Partido Acción Nacional en las pasadas elecciones locales.
Es sano admitir que sin perjuicio de las cualidades que adornan al entonces candidato y hoy alcalde de Torreón, el voto en su favor también es producto de un reconocimiento de la comunidad a los precedentes panistas en el Gobierno del Municipio y de la presencia de Jorge Zermeño en la boleta electoral, como propuesta tanto del PAN como de diversos ciudadanos sin partido, que vieron en el aún senador una buena oferta regional a la gubernatura de Coahuila.
Por ello son suicidas las actuales disputas entre el alcalde Pérez Hernández frente a sus compañeros de partido, en virtud de cuestiones que tienen su origen en conflictos internos del PAN y que en definitiva la comunidad no tiene por qué pagar.
Lo pernicioso de todo esto, es que el ejercicio de la función pública, que sí es de la incumbencia de todos los torreonenses, está siendo afectada sin que ni al nuevo alcalde ni a sus adversarios al interior del PAN parezca importarles.
Es cierto que José Ángel ha sido el que ha tirado las primeras piedras, que se concretan en la purga laboral de efectos políticos que la actual Administración despliega en contra de numerosos empleados municipales de filiación panista y en el torpe manejo en las designaciones del director de Seguridad Pública y del gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento.
En el colmo de la estulticia, el recién nombrado director de Autotransporte, Ernesto Cuéllar Galindo (panista), promueve un juicio de amparo para que los regidores también panistas de la pasada Administración regresen el importe del “bono de marcha” que recibieron, lo que revela que el susodicho funcionario fue instruido en forma expresa por Pérez Hernández para que tal cosa hiciera o de plano es un chivo en cristalería.
Con un resultado que arroja lodo sobre la pasada Administración, Pérez Hernández hace públicas partidas millonarias invertidas por el Gobierno de Guillermo Anaya como si se tratara de gastos ilícitos o al menos inútiles, cuando se refieren a proyectos inconclusos que deben ser asumidos por la Administración actual como ocurre en toda carrera de relevos, y con mayor razón en el caso de una ciudad que carga rezagos ancestrales y vive en crecimiento permanente.
La respuesta del bando contrario, tampoco ha sido la correcta. Guillermo Anaya acusa a Pérez Hernández de moldear la nómina municipal a la medida de sus aspiraciones de control al interior del PAN y concluye con una amenaza de barrio: “José Ángel no se la va a acabar…”.
Por su parte Jesús de León Tello es tentado con la posibilidad de representar en los tribunales obreros a los empleados municipales despedidos en contra del Municipio, lo que implicaría mezclar en el sainete intereses laborales y profesionales que si bien pueden ser y son legítimos, se contaminarían al revolverse con intereses de carácter político partidista.
Dada la postura histórica de oposición de los panistas, ocurre que olviden que ya están en el ejercicio del poder y desplieguen actitudes agresivas explicables en función de sus adversarios de otros partidos, pero que al salir de control revierten en contra de sí mismos. En el caso ni siquiera existe causa a la vista que sostener, puesto que los protagonistas ya se repartieron candidaturas y posiciones para el futuro inmediato, por lo que procede que las asuman y se pongan a trabajar.
Los panistas de Torreón deben tener presente que en una carrera de relevos, la estafeta debe pasarse de mano en mano sin interrumpir la acción y en cambio, en el caso que nos ocupa los corredores detienen la marcha, para darse de palos con la estafeta misma.
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