Como si se tratara de un decreto de los tiempos de López Portillo, encontramos una iniciativa que pretende “ nacionalizar” a Telmex, basados en una pobre fundamentación y una peor argumentación
El pasado siete de junio se publicó en la Gaceta Parlamentaria del Congreso la iniciativa con proyecto de decreto de la Ley sobre la Nacionalización de Teléfonos de México, S.A. de C.V., y sus filiales.
Dicha iniciativa fue presentada, formalmente, por la diputada priista Sofía Castro Ríos en la Comisión Permanente, aunque la exposición del tema en tribuna correspondió a su colega de bancada, Heliodoro Díaz Escárraga. La ocurrencia misma causa hilaridad. Su intención es oscura. Y el descuido en las formas ya no sorprende a nadie.
Dice la iniciativa, después de reconocer el éxito empresarial de Telmex y sus empresas filiales, tanto en México como en el resto de América Latina, lo siguiente: “En mérito de lo anterior, resulta inadmisible que la riqueza generada por Teléfonos de México y sus filiales no se distribuya. Efectivamente Teléfonos de México es una empresa exitosa, pero que ha incrementado sus utilidades por violaciones al Título de Concesión, en perjuicio directo de los consumidores y de la Nación. Es de imperiosa necesidad, en un país que más de 50 por ciento de su población se encuentra en condiciones de pobreza y pobreza extrema, que una fuente de riqueza de naturaleza y potencial de Teléfonos de México regrese a manos de la Nación”.
Y en el texto de los nueve artículos que componen la iniciativa se dice que: “Entran al dominio de la Nación todos los bienes y derechos de Teléfonos de México; el Estado mexicano asume de manera directa por causa de utilidad pública el servicio público de operación y explotación de la red del servicio telefónico público y los servicios conexos que ha venido operando Teléfonos de México y sus filiales; el precio de indemnización será cubierto por el estado mexicano a valor de avalúo realizado por institución pública facultada para estos fines; los plazos y términos para el pago de la indemnización serán en términos de la Ley de Expropiación; y, es nula cualquier enajenación o cesión de derechos que se realice con respecto de los bienes y derechos de Teléfonos de México y sus filiales posterior a la entrada en vigor de esta Ley”. Veamos.
Ahora resulta que porque a una empresa le ha ido bien hay que nacionalizarla (en realidad se trata de una estatización de las que pensamos que jamás volverían) toda vez que más de 50 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza. Como si se tratara de una relación de causa-efecto.
Más aún. ¿Cómo es que la nacionalización de Telmex se traduciría en mejores condiciones de vida para las familias más pobres del país? ¿Sería el Estado mejor administrador de Telmex que los particulares? Y peor es el juicio moral de los promotores de la iniciativa en cuanto a que “resulta inadmisible que la riqueza generada por Telmex no se distribuya”. Mención aparte merece la somera exposición de motivos relacionada con los supuestos incumplimientos de Telmex respecto de las obligaciones contenidas en su título de concesión.
Con una ligereza difícilmente comparable se presentan cifras y conceptos en lugar de propiciar una revisión seria de ese título de concesión. Nótese que, sin el menor empacho, la dupla Castro Ríos-Díaz Escárraga incluye en el paquete de nacionalización a todas las empresas subsidiarias y filiales de Telmex (Telcel entre ellas), sin citarlas por su nombre ni exponer las causas particulares de incorporarlas en la iniciativa.
No vale la pena detenerse demasiado en la pobreza e inconsistencia de los fundamentos jurídicos que sirvieron de base para la presentación de la propuesta legislativa de estos ocurrentes diputados. Basta sólo dejar constancia de la indignación que a muchos nos provocó la falta de seriedad para abordar temas tan delicados como éste. Se habla de nacionalización de un servicio público por causas de utilidad pública pero sólo incluye a una determinada empresa o persona; sin citar fuente alguna alude a supuestos incumplimientos de Telmex -que no de sus filiales- para justificar la actuación del Estado, olvidando que la violación de obligaciones concesionarias ha de ser motivo de infracciones por parte de la autoridad en la materia y que, sólo en caso de faltas graves y de reincidencia, en términos de la legislación y del propio título, se hablaría de revocación del mismo pero no de una nacionalización; ignora la iniciativa que el espectro radioeléctrico y otras vías generales de comunicación ya son del dominio originario de la nación y que sólo se entregan en concesión temporal a los particulares; ignora, en fin, que las empresas involucradas en esta extraña mezcla de nacionalización- expropiación, cotizan en Bolsa, tanto en México como en Nueva York y otros mercados bursátiles, y que no basta con aludir a la utilidad pública como un vago concepto sino que hay que exponer puntualmente las causas que motivan la supuesta utilidad pública, social o nacional, según tesis del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Así, pues, no se acaba de entender cuál fue la ratio legis verdadera de la iniciativa de “nacionalización” de Telmex. Lo que haya sido, cayó en el descrédito de presentar un documento plagado de inconstitucionalidades. Yo creo que se trata de una más de las frivolidades parlamentarias de las que hemos sido testigos en los últimos tiempos. Y es una pena que un sector que amerita mucha más atención por parte del Estado, desde todos sus poderes y órganos -incluida la regulación, vigilancia y sanción de Telmex y filiales-, lo que reciba sea un trato tan ligero y, a la vez, tan torpemente manipulado por intereses ajenos al auténtico quehacer legislativo.
