Con motivo de la supuesta discusión del proyecto de Ley de Radio y Televisión en la Cámara de Senadores, han surgido varios aspectos sobre los que conviene comentar, a efecto de proporcionar a los amables lectores de esta sección, elementos para formarse un juicio sobre lo que ocurre, y sus implicaciones, en un aspecto fundamental para la vida del México que se debate entre su entrada de lleno a la globalización, sin miedo a competir, y el atraso al que lo condenaríamos de perpetuar todos aquellos aspectos que requieren cambios.
No nos referimos a la discusión en ciernes, ya que diversas partes han tomado posiciones y corresponde a cada interesado exigir y defender sus derechos; nos referimos a esta extraña actitud de todo legislador en funciones, que implica no dar a conocer su agenda, mucho menos su posición e intereses; largos periodos de inactividad, seguidos de ansias de torero por aprobar determinadas iniciativas y rematado por una necesidad casi incontenible por legislar.
Lo que sea, como sea, la cuestión es poder mantener los anuncios en los medios que justifiquen que los legisladores trabajan por nosotros. ¿Será? Son reiteradas las quejas de diversos medios por la forma parcial e injusta en que serán tratados en la nueva Ley. Si este es el caso, como sospechamos que sea, ¿por qué la prisa? Es obvio que no han sido escuchadas todas las partes, aunque menos obvio resulta el hecho de que la sociedad, esa que les paga, haya sido tomada en cuenta.
Dudamos que el citado proyecto haya sido discutido en la Universidad Metropolitana, campus Xochimilco, que hasta donde sabemos tiene una excelente escuela de comunicación. También dudamos que haya sido discutido en la Universidad Iberoamericana, o la Anáhuac, que gozan del mismo prestigio y hasta donde sabemos, tampoco fue informada la sociedad sobre las implicaciones de la iniciativa. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué dicen los principales afectados? Pocos, si es que alguno, lo saben, pero nuevamente, a juzgar por lo que algunos legisladores han dicho a preguntas expresas de entrevistadores, se trata de un avance y es mejor avanzar que quedarse en donde estamos. ¿Será?
Dice un refrán utilizado por los sajones, que si algo no está descompuesto no lo arregles y en diversas acciones, demasiadas para nuestro gusto, los señores legisladores han entrado para dejar las cosas peor de lo que estaban. La famosa Ley de la Caña de Azúcar, luego de la derogación del decrépito decreto cañero es tan sólo un ejemplo y la iniciativa de Prácticas Comerciales, es otro. ¿Con qué intención?
La respuesta obvia es que son acciones dirigidas a mejorar a la sociedad, pero que analizando a fondo tiene un claro beneficiario, por lo menos en el corto plazo. Enfatizamos esto del corto plazo, aludiendo al ejemplo del revés que dieron a los cambios ya hechos a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que motivó la salida del anterior director general, para que ahora el beneficiario aparezca en la lista de plurinominales de otro partido. Es natural esto de que nadie sabe para quién trabaja, aunque aquí diremos que al parecer estos señores sí saben para quién trabajan, aunque lo desconozcamos los que les pagamos aquello que sí pueden declarar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Otro aspecto que destaca es la visión de corto plazo que prevalece en cuanta acción se desea emprender y terminar. Asumiendo sin conceder que cuentan con un diagnóstico elaborado por alguien que sepa del tema y no tenga intereses ocultos u obvios, los señores son incapaces de establecer una estrategia y mucho menos un programa para avanzar en etapas, pero en una sola dirección. Lo que vemos es la Ley del todo o nada. Como sea pero que salga hoy. Ignorar los beneficios de la negociación y de respaldar sus propuestas con opiniones de expertos y de la gente común, sólo lleva a ahondar ese profundo desprecio que la sociedad tiene por los legisladores, que se manifiesta en las encuestas, no las que le dan la ventaja al gallo indestructible, que son una reverenda vacilada, sino en las que preguntan en quiénes confía la sociedad. Los legisladores están en último lugar. La otra encuesta, la de los pagos en lo oscurito, revela que esta actitud del todo o nada, hoy es un excelente negocio.
Todavía recordamos los reclamos de estos legisladores cuando vieron los resultados, mismos que ahora ya nadie recuerda, pero que pronto tendrán nuevamente, actualizados. Esto del todo o nada, las ansias de torero por legislar y la incapacidad para trazar una estrategia de largo plazo tienen diversos efectos: merman la confianza de la sociedad en una institución fundamental para la gobernabilidad: el Congreso. También producen claros ganadores y, como perdedor siempre está en primer término, nuevamente, la sociedad. Producir mal funcionamiento de los mercados tiene efectos nefastos sobre el bienestar. Finalmente, aunque no menos grave, está el asunto del gran negocio en que esto se convierte: ganan los que hacen cabildeo, los que efectúan diagnósticos y análisis amañados, los que hacen encuestas con respuestas dirigidas y obviamente, quienes legislan al vapor, aunque luego digan que ?se equivocaron?. Con este grado de desarrollo institucional México podrá difícilmente aspirar a avanzar en el ordenamiento mundial.
