Francia ha vivido en los últimos meses muchas jornadas de gran agitación social y en ocasiones tardes y noches de auténtico pánico, primero a finales del año pasado, por las acciones de minorías étnicas, algunas de ellas aún con el status de inmigrantes pero la mayoría, ciudadanos franceses inconformes con la marginación sobre todo social que dicen sufrir.
París y muchas otras ciudades grandes y medias de Francia, vivieron auténticas noches de terror contemplando con impotencia sus habitantes, cómo centenares de automóviles eran incendiados por grupos de inconformes ante la mirada si no complaciente, no totalmente enérgica de las Fuerzas del orden público. Más recientemente y a lo largo de los dos meses pasados ese clima de inquietud generalizada ha tenido como reivindicación principal el Contrato de Primer Empleo (CPE) promovido por el Gobierno de Dominique de Villepin y ya promulgado por el presidente Jacques Chirac a pesar que en esas manifestaciones se calcula que alrededor de un millón de personas salió a las calles francesas para manifestar su repudio a esa disposición laboral, cabe decir que la mayoría de las manifestaciones fue de tipo pacífico.
El Contrato de Primer Empleo (CPE) pretende reducir los derechos de los trabajadores menores de 26 para intentar fomentar el empleo en este sector de la población, especialmente castigado por el desempleo, tal y como lo justificaban los inmigrantes aludidos en los primeros párrafos de este artículo.
El Gobierno de Villepin está decidido a ponerlo en marcha, pese a las crecientes protestas de los sindicatos y los estudiantes. El proyecto de Ley permitiría a los empresarios despedir a los nuevos trabajadores menores de 26 años sin justificación, durante los dos primeros años después de la contratación. Los empleados que permanezcan en la empresa después de esos dos primeros años cambiarían a un contrato de larga duración, que incluye restricciones mucho más severas para el despido. Los jóvenes que sean despedidos durante sus dos primeros años en la empresa recibirán un ocho por ciento del salario ganado desde que se produjo la contratación.
El proyecto también obliga a las empresas a pagar un dos por ciento adicional, que será destinado a las organizaciones encargadas de ayudar a los desempleados a encontrar trabajo.
Sin embargo, también subyace en el fondo de la situación un duro enfrentamiento entre dos notables personajes de la vida política francesa con muchas probabilidades de poder ocupar el palacio del Eliseo, sede del presidente de la República francesa, una vez que termine el mandato del actual jefe de Estado Chirac. El ya citado Dominique de Villepin. Nicolás Sarkozy, ministro del Interior a partir de la última crisis del Gobierno francés y precandidato más que anunciado para la Presidencia francesa, ha buscado con este conflicto plantar una demarcación respecto del primer ministro Dominique de Villepin su rival en contienda aunque actualmente el jefe del Gabinete, proponiendo que se someta a un período de prueba de seis meses para comprobar su idoneidad. “Si no funciona, se retira”.
