Antaño el Gobierno sabía cómo desarticular un movimiento social aplicando varias recetas. Comprando al o los líderes mediante un estímulo en efectivo, según el tamaño del sapo era la pedrada. Lo que ha sucedido en Oaxaca si no fuera por que conviniera a sus intereses electorales mantenerlo en statu quo, para golpear a un partido y a su candidato a la Presidencia de la República dándole largas al arreglo negociado sabedores de que detrás estaba una aguerrida mujer de la que estaban seguros accedería a la petición oficial de terminar el conflicto en cuanto se lo pidieran. No fue así, pues durante el tiempo que duraba el conflicto otros grupos acercaron su sardina al fuego, fuera del control de quien había orquestado la gresca. En un principio se perseguían metas exclusivamente sindicales aunque todos estaban enterados de que se trataba de golpear a acérrimo enemigo, pronto se quitarían la máscara para decirle al mundo que sólo les interesaba tumbar al gobernador cuya filiación política no es ignorada por manifiesta. Una poderosa líder sindical usando sus fobias para dirimir rencillas personales y/o ¿presionando para obtener una secretaría de Estado?
Hoy las cosas han tomado un derrotero inesperado pero, hasta cierto punto, lógico. La anarquía se apoderó de la ciudad de Oaxaca. La autoridad brilla por su ausencia. Grupo de vándalos se han apoderado de las calles donde se imponen al amparo de la impunidad que priva en esa entidad. Nadie se les enfrenta, hacen lo que se les viene en gana. Las escenas en los medios electrónicos muestran la cruda realidad de una sociedad que está a merced de unos cuantos malandrines que hacen cuanto pueden para, a gritos, pedir que alguna autoridad ponga freno a sus desmanes. Y no es que lo pidan con palabras sino con el endurecimiento de sus medidas, como una consecuencia lógica de un país que vive en un Estado de Derecho. Un numeroso contingente se desplaza caminando por la carretera con rumbo a la Ciudad de México con la intención de hacer un plantón frente al edificio que alberga el senado de la República buscando presionar para que resuelva la desaparición de los poderes de aquella entidad. No pasará mucho tiempo para que las autoridades federales apremiadas por un paro por 48 horas de empresas, centros comerciales, hoteles, taxis, camiones urbanos, autobuses de pasajeros, restaurantes y estaciones de venta de gasolina, se vean obligadas a actuar con mano dura.
El miedo se respira en el ambiente, el pavor se ha vuelto la compañía obligada de los residentes, la adrenalina hace brincar los corazones, las bocas resecas, las calles convertidas en un infierno, se vive en constante sobresalto, nadie está a salvo de una desbocada furia. Los vientos de la violencia azotan las hondonadas oaxaqueñas. Las escenas que trajo un conocido periodista de los medios electrónicos no dejan lugar a dudas. Los que se hacen llamar Asociación Popular del Pueblo de Oaxaca, la APPO, integrada por diversas organizaciones de lucha social, ejerce la aplicación de una justicia sui géneris. La demanda: desaparición de poderes del Estado. Las pláticas conciliatorias en que participa el Gobierno Federal no logran llegar a un acuerdo, cada vez surge el escollo de que primero renuncie el gobernador Ulises Ruiz. Se repite la misma letanía en la siguiente plática: que se vaya y no vuelva jamás, el Ejecutivo Estatal. Y así, una y otra vez. La única solución probable para terminar lo que parece una sublevación es que participe el Ejército, lo que algunos auguran podría producir una masacre.
¿Qué es esto?, ¿por qué se está planeando enviar soldados? Hay acaso un intento de sedición* del que no tenemos noticias los ingenuos ciudadanos. ¿El temor de las autoridades locales, de sofocar este intento de subversión, deja el paso libre para que la Federación se ocupe del asunto? No hay de otra, dicen los demás gobernadores afiliados a la Conferencia Nacional de Gobernadores, la Conago, junto al Gobierno Federal y los senadores. La teoría que sustentan para decidirse a enviar Fuerzas Federales es que el gobernador Ulises fue elegido dentro de los cánones democráticos que marca la Ley, por lo que no debe permitirse que un grupo insurrecto lo eche abajo rompiendo el marco constitucional. ¡Hum! Es muy discutible esa aseveración. Hay otros factores que deberían ser tomados en cuenta. A saber, que nuestros jóvenes se ven en la necesidad de salir del país por la falta de empleo. Que las ciudades se han convertido en cotos de criminales. Que no hay una correcta distribución de la riqueza en este país. Que se escuchan conversaciones telefónicas, sin valor legal alguno, por haberse interceptado en la clandestinidad, pero que destapan una maloliente cloaca dejando ver en lo que se ha ido convirtiendo la clase política.
Nota bene.- sedición: alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, sin llegar a la gravedad de la rebelión.
