EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN, COAH.- Se venció el plazo y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), no ha manifestado su postura sobre la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), emitida por el caso de Juan Romero Cansino, hombre acusado de un homicidio que no cometió y que estuvo privado de su libertad ocho meses y medio.
David Omar Sifuentes Bocardo, segundo visitador de la CDHEC, informó que a hasta el 22 de noviembre no se tenía reporte sobre la postura de la PGJE por los señalamientos de violación del derecho a la libertad personal en su modalidad de detención arbitraria y violación a la legalidad y seguridad jurídica en su modalidad de incomunicación.
Desde el pasado primero de noviembre, la CDHEC notificó al procurador Jesús Torres Charles, sobre la resolución de la queja 79/2006, donde se sugiere la aplicación de sanciones administrativas disciplinarias contra el personal involucrado en la detención de Juan Romero, albañil de 25 años, involucrado en el crimen de Olga Hernández Aldaba, de 45 años, ocurrido el 19 de febrero de 2006.
Como se informó en su oportunidad, Luis Fernando García Rodríguez, presidente de la CDHEC, recomendó procedimientos administrativos contra los dos agentes de la Policía Ministerial que detuvieron inicialmente a Juan Romero Cansino por un supuesto robo de accesorios de vehículo.
También la recomendación pide la sanción contra los agentes que obligaron al quejoso a aceptar su participación en el homicidio de Olga Hernández a través de la incomunicación y los malos tratos.
Otra medida no cumplida a la fecha es la integración a la brevedad posible de la averiguación previa penal relativa a la confesión de Manuel de Jesús Anguiano Pérez, en la que acepta haber privado de la vida a Olga Hernández.
Tampoco se sabe y se atendió la sugerencia de brindar capacitación constante y eficiente a los agentes de la Policía Ministerial, a efecto de que conozcan los límites de su actuación y se les inculque el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos a los que sirven.
