Las manifestaciones de protesta en nuestro país, están adquiriendo un tono contrario a los derechos de reunión y manifestación consagrados en el artículo noveno de la Constitución de la República.
Lo mismo en el plantón de López Obrador en el Zócalo y la avenida Reforma de la Ciudad de México, como el movimiento de los profesores de Oaxaca o de quienes exigen concesiones de transporte en Torreón, los protagonistas pretenden actuar al amparo de los derechos de libertad consagrados en nuestra Carta Magna.
Sin embargo, en todos los casos que se mencionan, los manifestantes han violado en distintos grados de gravedad los límites que la propia Constitución establece para la protesta y el mal ejemplo cunde, lo que ocurre en deterioro de nuestra vida pública y denigra las instituciones que tanto trabajo nos ha costado construir a los mexicanos, para el Gobierno de nuestra sociedad.
En el caso de la Ciudad de México, el plantón de López Obrador implica un acto de violencia en contra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para generar un fallo para la causa perredista y por otra, por medios físicos se impide el derecho de los ciudadanos al libre tránsito a que están destinados conforme a su naturaleza, las vialidades y zócalo ocupados.
En la ciudad de Torreón, el plantón instalado en la Presidencia Municipal por quienes demandan concesiones para operar taxis, no se limita a la expresión de una solicitud pacífica y respetuosa como exige el precepto constitucional, sino que entraña una provocación tendiente a suscitar reacciones de la autoridad que redunden en actos represivos de consecuencias imprevisibles.
El caso más grave acontece en el estado de Oaxaca, en el que los manifestantes han incurrido en la comisión de delitos graves que incluyen el despojo de oficinas públicas y emisoras de radio, así como daños causados en bienes propiedad pública o de particulares.
El conflicto ha desbordado en actos de violencia que comienzan a cobrar vidas humanas y las autoridades locales alertan al país en su conjunto, advirtiendo que enfrentan una guerrilla urbana.
En todos estos casos, los protagonistas pretenden justificar sus acciones aduciendo que en el pasado se realizaron movimientos de resistencia semejante, por parte de personajes que hoy están encumbrados y al efecto citan la participación del presidente Vicente Fox en algunos de tales en contra del viejo régimen de partido de Estado.
La justificación es improcedente, porque en la situación actual no existen las ataduras que en otro tiempo impedían la participación social y ponían freno a las iniciativas de cambio, que pudieran bajo aquellas circunstancias haber dado lugar a tales actos de protesta.
Hoy día existen vías de participación y entre los medios de comunicación, las comisiones de derechos humanos, los organismos intermedios de la sociedad y los partidos políticos, existen gestores de sobra que encaucen las peticiones ciudadanas. Las actuales formas de protesta que se salen tanto de los cauces legales, como de los límites que impone un elemental sentido de responsabilidad, constituyen provocaciones que tarde o temprano llevarán al uso de la fuerza pública y lo peor es que ello ocurrirá con el aplauso de amplios sectores, polarizando aún mÁs a nuestra dividida sociedad.
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