EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN, COAH.- La práctica de la tortura es difícil de comprobar. ?Por eso no la señalamos en la recomendación pero con los elementos objetivos existe la presunción por el simple hecho de la incomunicación?, dice David Omar Sifuentes Bocardo, segundo visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC).
El comentario obedece a la recomendación 15/2006, emitida contra la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en relación al caso de Juan Romero Cansino, hombre que fue privado de su libertad durante nueve meses, acusado del homicidio de una mujer que no cometió.
Será a más tardar el próximo 22 de noviembre de 2006, cuando vence el plazo para que el procurador Jesús Torres Charles resuelva si acepta o rechaza la recomendación. De presentarse la primera opción, se deben presentar los elementos que acrediten la aceptación.
?La Procuraduría ya manifestó su adherencia al Protocolo de Estambul, que es contra la tortura, donde en sus primeros conceptos señala que las investigaciones no deberán hacerse por la misma autoridad señalada?, explica Sifuentes Bocardo.
Para la CDHEC es importante que el procurador acepte la recomendación y se apliquen las sanciones contra los funcionarios públicos, en este caso los agentes ministeriales. ?Si se desprende que los policías sólo cumplían ordenes, entonces se harán extensivas las sanciones a los jefes superiores?, señala.
Como se informó en su oportunidad, la citada recomendación fue emitida por la ?violación del derecho a la libertad personal en su modalidad de detención arbitraria y violación a la legalidad y seguridad jurídica en su modalidad de incomunicación?.
Encomiendas
Luis Fernando García Rodríguez, presidente de la CDHEC, recomienda que se instruyan procedimientos administrativos:
Contra los agentes de la Policía Ministerial que ?detuvieron a Juan Romero Cansino... por no ser acorde con la realidad sus reportes, y en su caso se apliquen las sanciones que en derecho correspondan...?.
Contra los agentes ministeriales que ?obligaron al quejoso a aceptar su participación en el homicidio de Olga Hernández Zavala, a través de la incomunicación y los malos tratos?.
FUENTE: CDHEC
