Nuevamente las calles de Estados Unidos fueron tomadas para pedir una política estadounidense más tolerante hacia los indocumentados. Ayer sábado unos mil 200 manifestantes, en su mayoría jóvenes y estudiantes, marcharon en Pórtland, sin embargo los alumnos asistentes enfrentan posibles sanciones por faltar a clases.
Dichas movilizaciones, hasta hace poco tiempo inéditas, ha provocado todo tipo de reacciones en la sociedad norteamericana. El periódico The New York Times informó que algunas empresas han despedido grupos de empleados que no asistieron a laborar o abandonaron su trabajo para participar en marchas pro inmigrantes en varios estados del país como en Texas, Illinois, Florida y Michigan. En Detroit al menos 21 trabajadores mexicanos han sido despedidos de una planta de empaque de carnes.
El despertar de los inmigrantes ha provocado también la ira de los grupos racistas, quienes no han tenido empacho en acosar y amenazar de muerte a quienes respaldan tal iniciativa. Las amenazas de muerte han llegado incluso al propio alcalde de Los Ángeles, Antonio Villarraigosa, quien siendo de origen mexicano, no ha dudado en apoyar los planteamientos de aquellos que han pedido al Congreso de Estados Unidos que apruebe una Ley de inmigración que les ayude a normar la estancia y trabajo de más de 12 millones de inmigrantes que laboran en aquel territorio.
Ante esta situación urge emprender acciones para evitar que grupos de ultraderecha en la Unión Americana atenten contra la integridad de los inmigrantes en la frontera común. Dichos grupos están conformados en su mayoría por ex combatientes de Vietnam, quienes han logrado vender la idea en algunos sectores de la población estadounidense que los inmigrantes representan un peligro de seguridad para su país.
Las movilizaciones continuarán, de hecho obispos mexicanos en sus homilías del Viernes Santo hicieron un llamado a sus feligreses para que se sumen al boicot comercial contra Estados Unidos ha realizarse el primero de Mayo.
Es incomprensible la postura de quienes se oponen a una regulación migratoria, cuando toda esa fuerza laboral tiene años y colabora en gran medida con el producto en bruto de varios estados de la Unión Americana. La acción de correr a los millones de inmigrantes que cotidianamente laboran en los Estados Unidos sería suicida para la economía norteamericana, de ahí que el problema requiera una solución razonada por parte del Congreso Americano, alejada totalmente de los discursos racistas y posturas retrogradas.
