De enero a enero, del año pasado a éste, el embajador Antonio O. Garza Jr. ha producido tres mensajes, en forma de cartas, declaraciones y notas diplomáticas en que expresa su preocupación creciente por la inseguridad que padece México, así como por la ineficacia del Gobierno en combatirla. En la emitida anteayer, además de insistir en el tema, le reprocha incurrir en simulación (si bien no usa esa palabra) y aprovecha la ocasión para lamentar por una acción diplomática mexicana que deliberadamente no quiso molestar a Washington, ahora vemos que sin conseguir ese propósito.
En enero de 2005, el embajador norteamericano escribió una carta sobre el tema, singular por dos rasgos: la dirigió no sólo a la cancillería, órgano gubernamental con quien mantiene diálogo formal, sino también a la Procuraduría General de la República. Y la hizo pública. “Solicito respetuosamente -dijo el diplomático- que las dependencias a su cargo continúen trabajando de manera decidida con los estados fronterizos con el objetivo de asegurar la protección de todos los ciudadanos, tanto estadounidenses como mexicanos”. Y pidió a sus destinatarios, “por favor, que me hagan saber si hay alguna manera adicional en que el Gobierno de Estados Unidos pueda cooperar con sus esfuerzos”.
Hace un año, cuando fue remitida esa carta, apenas comenzaba la intensa guerra entre las bandas de la delincuencia organizada que causó centenares de muertes. Por lo tanto, el Gobierno mexicano reaccionó con irritación, manifestada no sólo por el canciller Derbez, sino también por el propio presidente de la República y en tono muy alto, propio de la etapa en que aspiraba a hacerse un lugar en el elenco de los presidenciables por el secretario de Gobernación, Santiago Creel. Pero las batallas callejeras y en centros comerciales y aun dentro de cárceles federales acrecentaron tanto su volumen y su resultado letal y era tan notoria la ineficacia oficial para luchar contra ellas, que al comenzar junio, el embajador Garza, abordó de nuevo la materia, otra vez en sendas cartas al canciller y al procurador (que era ya, desde un mes atrás, Daniel Cabeza de Vaca).
Al deplorar que la situación en la frontera se deteriorara rápidamente, el embajador diagnosticó que “la Ley se ve rebasada en algunas partes”. Lo condujo a adoptar esa posición, en lo inmediato, el asesinato, el ocho de junio, de un jefe policiaco en Nuevo Laredo, Tamaulipas, apenas unas horas después de la asunción de su cargo. Esa vez el Gobierno se impidió a sí mismo reaccionar con ardor aldeano. Era tan grave la situación y tan evidente su incapacidad para contener el oleaje criminal, que no pudo mas que admitirlo en su respuesta al embajador, y organizar premiosamente la operación México Seguro, una acción conjunta de las Fuerzas militares y policiacas federales.
Montada con gran aparato, esa iniciativa careció de eficacia y se diluyó con más pena que gloria. Es probable que a esa operación se refiera el embajador cuando en su declaración de anteayer sugirió que había simulación al confundir las relaciones públicas con la seguridad pública. De un año a otro la actitud del diplomático mudó radicalmente de tono.
En el enero anterior “solicitó respetuosamente”. En la del miércoles insta “al Gobierno mexicano a tomar en serio este aumento en la violencia”: se refiere, por un lado, al incidente del lunes pasado “en el que individuos vestidos con uniformes y portando armas de uso militar, a bordo de vehículos del Ejército aparentemente intervinieron para evitar que un cargamento de drogas fuera interceptado por autoridades estadounidenses operando conforme a la Ley dentro del territorio estadounidense”.
Y, por otra parte, al crimen en Nuevo Laredo, Tamaulipas: “hasta el 25 de enero ha habido 20 homicidios en esa ciudad. Entre el 28 de diciembre de 2005 y el 24 de enero de 2006, la Patrulla Fronteriza en el sector de Laredo, Texas, registró cuatro incidentes diferentes en que nuestros agentes sufrieron ataques con arma de fuego desde el otro lado del río Bravo.
Además de lo anterior, el 23 de enero ocurrió un tiroteo en el centro de Nuevo Laredo, derivado de las batallas callejeras que plagaron esa ciudad el año pasado y que me orillaron a tomar la difícil decisión de cerrar nuestro consulado allí”.
La declaración de Garza revela impaciencia. Le desagrada que se demande “corresponsabilidad” a su Gobierno y en cambio el mexicano contribuya con hechos y con retórica a tensar la relación, especialmente en lo que toca a la migración. Dio salida así a un resentimiento no expresado, surgido de “los esfuerzos de México por promover una oposición regional a las medidas que están bajo la consideración del Congreso estadounidense”.
El embajador se refiere a la reunión de ministros mesoamericanos (los de Centroamérica: Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Panamá, así como Colombia y República Dominicana) de relaciones exteriores, auspiciada por México, que el 11 de enero emitió una declaración de rechazo al endurecimiento unilateral de la política migratoria aprobado en diciembre en la Cámara de representantes y a punto de ser discutido en el Senado.
El documento surgió de borradores diferentes, entre los que se escogió el mexicano por su moderación. Los cancilleres acordaron no entregar la declaración como posición formal de sus Gobiernos a Estados Unidos, por lo que no llegó a tener carácter de protesta. Pero ni siquiera con esas buenas maneras resultó grata en Washington.
