El Gobierno Federal privatizó la Compañía Minera de Cananea cuando Carlos Salinas de Gortari era presidente de la República, a favor de la familia Larrea, quienes se comprometieron y después se negaron a repartir el equivalente al cinco por ciento de las acciones entre los trabajadores. Después de una enconada disputa en los tribunales, el valor actualizado de ese paquete era calculado en 40 millones de dólares. En 2004 se llegó a un acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, mediante el cual se entregó en un fideicomiso la cantidad de 55 millones de dólares en que se valoraba el adeudo. Hasta ahí todo bien. Lo malo, dice el Gobierno Federal, es que habiéndose constituido el fideicomiso a favor de los trabajadores de las empresas Mexicana de Cobre y Mexicana de Ácido Sulfúrico, los obreros no han recibido ni un centavo partido por la mitad, por lo cual se sugiere que la directiva de la agrupación sindical que presidía o preside Napoleón Gómez Urrutia, dispuso de la cantidad en su provecho. El sindicato asegura que se obró con absoluto respeto a los derechos de los trabajadores dado que el dinero tuvo el destino para el que fue entregado.
La maniobra del hasta ahora secretario del Trabajo y Previsión Social, Francisco Javier Salazar de destituir por sus pistolas a Napoleón provocó que, si acaso había disidentes que no tragaban a su líder, se unificaran alrededor de su Gómez Urrutia considerando que el Gobierno les estaba moviendo el tapete sin causa legal alguna, metiendo las manos en el sindicato minero. En realidad, si es que hubo un destino ilegítimo, es caso que deben averiguarlo los mismos trabajadores que cuentan con órganos internos para ello. Lo que no se puede permitir, dicen, es que el Gobierno decida unilateralmente que el dirigente sindical es un corrupto. Algo que los mineros organizados consideran una intromisión inaceptable en la vida sindical. Es, desde luego, un asunto que demuestra la falta de oficio del secretario de Trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz a quien el presidente Vicente Fox Quesada le acaba de reiterar su apoyo manifestando que hace un gran trabajo. Lo que parece un garrafal error pues lo terrible para el principio de autoridad es que, según pasen los días, el Gobierno Federal se vea en la necesidad de prescindir de sus servicios, cuando sea demasiado tarde. Esto es, ya se habla de un paro nacional que dislocaría la economía del país de no quedar en un farol o sea, en una baladronada de los trabajadores.
La Unión Nacional de Trabajadores y el Sindicato Mexicano de Electricistas exigen al presidente Fox que cese a Francisco Javier Salazar amenazándolo que de no hacerlo realizarán un paro nacional. El Gobierno contesta diciendo a mí nadie me desafía, nomás eso faltaba que unos de guarache me vinieran a zapatear. La PGR hace el anuncio ominoso de que busca a Napoleón por probable lavado de dinero. Esto pone las cosas al rojo vivo, pues no se ve que la prudencia quepa en la cabeza de los contendientes. La actitud del Gobierno lo que ha logrado es concitar a fuerzas sindicales que se ven en el peligro de verse perseguidos con la misma vara usada por el Gobierno de irrumpir en la vida sindical poniendo secretarios sindicales sin más razón que la de contar con el uso faccioso de las instituciones que la Ley pone a su servicio. Bien se sabe que Gómez Urrutia constituía un parche mal pegado en el Congreso del Trabajo donde representaba la disidencia. Quizá por eso.
No le queda al Gobierno más que buscar, a cualquier costo, desactivar esa bomba de tiempo que representa la unión de aguerridas agrupaciones en medio de un ambiente poco propicio que se da al parejo de las campañas que hacen los partidos políticos para renovar al Gobierno Federal. Hay un descontento popular que no se puede ignorar por lo que lo mejor sería no abrirle las puertas al enfado. El presidente Fox no se había enfrentado durante los años que lleva cobrando en la nómina a un problema de esta envergadura. Decide zambullirse en esas procelosas aguas cuando está por escuchar las notas del mariachi tocando las golondrinas.
Se envalentona el Gobierno manifestando no estar dispuesto a aceptar chantajes. En un uso de un lenguaje poco conveniente como eso de que si ese pequeño grupo no quiere diálogo, ellos habrán matado el diálogo. El vocero presidencial no solamente le resta importancia al poderoso grupo de sindicatos, sino que además utiliza un término poco afortunado.
Aquí no se trata de matar a nada ni a nadie. La sola mención produce escalofríos. Es quizá una manera de hablar, que no llevaba más intención que la de precisar que el diálogo finalizaría antes de haber empezado, debiendo atribuirse la culpa a los sindicatos que prefirieron dar una demostración de fuerza antes que sentarse a platicar. No me queda más que decir que la experiencia ha demostrado que un incendio no se apaga con gasolina.
