Entregan resultado de auditorías a las empresas de los hijos de la primera dama; emiten observaciones que se solventarán en 45 días.
EL UNIVERSAL
México, DF.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) entregó ayer a la Cámara de Diputados el resultado de las auditorías practicadas a los contratos asignados durante esta Administración por dependencias federales, a la empresa Construcciones Prácticas S.A. de C.V, de los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, sin que se encontraran irregularidades en la adjudicación de los contratos, ni elementos que representen la comisión de delitos como tráfico de influencias o ?lavado? de dinero.
Sólo se emitieron algunas observaciones que podrán ser solventadas en los próximos 45 días, por lo que los informes de auditoría y las cédulas de observaciones ?se consideran reservados? hasta en tanto no se concluya el procedimiento, informó la SFP a través de un comunicado.
El titular de la dependencia, Eduardo Romero Ramos envió ayer al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Zermeño Infante, el informe completo de resultados de las auditorías que se iniciaron hace cuatro meses, ante las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos de obras y servicios a favor de la empresa de los hijos de Marta Sahagún, y ante la posible comisión de delitos como tráfico de influencias.
El secretario envió además una misiva con lo que se dio cumplimiento a la información solicitada por la ?Comisión de Investigación encargada de revisar la legalidad de contratos de obra pública, concesiones, contratos de suministro de bienes de consumo o compra-venta de bienes inmuebles de titularidad pública, otorgados por organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas, S.A. de C.V., y cualesquiera otras que tuvieran relación con la misma?.
Entre los aspectos relevantes obtenidos en las auditorías realizadas por despachos externos, destaca que se realizaron algunas observaciones, pero algunas ?ya habían sido detectadas en auditorías previas practicadas por el OIC correspondiente y por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y, en los casos procedentes, se iniciaron los procedimientos disciplinarios correspondientes?.
Asimismo, testigos sociales que participaron en el proceso de auditoría determinaron que la adjudicación de las auditorías y sus resultados estuvieron apegados a derecho, a la transparencia y con plena observancia de las normas correspondientes.
Respecto a un probable tráfico de influencia y operaciones con recursos de procedencia ilícita, señalado en el informe elaborado por la extinta Comisión de Diputados, el análisis realizado por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SFP establece: ?En la documentación enviada por los legisladores no se encontraron elementos que permitan sustentar una denuncia de hechos probablemente constitutivos de los delitos mencionados?.
