Hoy se inicia el último periodo de sesiones de la 59 Legislatura. Salvo improbables sesiones extraordinarias, la actividad del pleno concluirá el 30 de abril. Y si bien la investidura de los legisladores elegidos en julio de 2003 tendrá efectos hasta el último día de agosto próximo, y no dejará de haber trabajo en comisiones y desde luego actuará en el receso la Comisión Permanente, para efectos prácticos puede decirse que la actividad de esta Legislatura toca a su fin.
El presidente Fox sugirió anteayer que reiniciará su intento de lograr lo que el lugar común denomina “las reformas estructurales que el país necesita”. Lo haría, dijo, después de la jornada electoral, para que se comprenda que las enmiendas y adiciones propuestas y aplazadas no beneficiarían a su Gobierno, sino a la República. Es difícil que siquiera prosperara la convocatoria a un periodo de sesiones extraordinarias una vez que se conozca el resultado de la elección presidencial y la legislativa.
La nueva configuración de fuerzas generada el dos de julio, por más semejante que fuera a la actual (incluido un panista en la Presidencia de la República) obligaría a nuevas negociaciones sobre tales reformas. Y si los partidos que pierdan la Presidencia se coaligaran en esta Legislatura para aprobar enmiendas contrarias a la plataforma electoral escogida por los votantes, para neutralizarla o mermar su eficacia, se asestaría un irresponsable y gravoso golpe a la democracia.
En tales condiciones puede afirmarse que esta Legislatura inicia la ceremonia de su adiós. Aunque las bancadas han dado a conocer, o discuten todavía su propia agenda, será necesario esperar acuerdos para conocer el calendario de trabajo de este periódico postrero. Pero hay temas ineludibles. Necesariamente serán abordados dos de gran importancia, dejados pendientes tras su presentación o aprobación en la Cámara de Diputados.
Se trata de la reforma a las leyes de telecomunicaciones y de radio y televisión, y las enmiendas constitucionales y legales que proponen dar autonomía a diversos órganos y dependencias gubernamentales. En una extraña, e insuficientemente explicada unanimidad de las fracciones parlamentarias, el primero de diciembre fue aprobada una nueva legislación sobre medios electrónicos, que por responder ante todo al interés del duopolio de la televisión, atropella innumerables derechos e intereses, además que da al traste con un prolongado esfuerzo conjunto de organizaciones civiles y legisladores por dotar a la radio y la televisión de un ordenamiento jurídico omnicomprensivo y no un mero parche destinado a engordar las cuentas de Televisa y TV Azteca.
Es tan arbitraria la reforma aprobada por los diputados, tan llena de defectos, que cuesta trabajo enumerarlos. Algunos sobresalen de tal modo que es debido referirlos expresamente. Las empresas televisoras propician con esta reforma una conversión tecnológica que les rendirá cuantiosos beneficios, en perjuicio de ya no digamos la sociedad (que puede decirse que es una noción nebulosa) sino de empresas concretas presentes o en espera de entrar en los mercados de la radiodifusión digital o las telecomunicaciones.
El desarrollo tecnológico permite a los concesionarios que adopten la radiodifusión digital prestar en sus mismas frecuencias servicios de telecomunicación adicionales. Pero tal posibilidad excluye a los medios públicos, especialmente a los permisionados, que carecerían de autorización para expandir en la misma dirección sus servicios. La medida, por lo demás, acentuaría la tendencia a la concentración que se ha consumado ya en televisión y se abre paso en la radio. Y de manera desleal los concesionarios de radio y televisión quedarían situados en el mercado de telecomunicaciones sin sujetarse a las reglas a que se sometieron quienes ya compiten en él y los aspirantes a hacerlo.
Se propone igualmente hacer de la Comisión federal de telecomunicaciones el órgano rector de la radio y la televisión. La fórmula es impertinente por sí misma, pues se reduce a esos medios de comunicación a simples instrumentos técnicos sin atender su dimensión social. Y los integrantes de su órgano rector serían designados por el actual Gobierno, en vísperas de concluir su mandato, con lo que la nueva Administración quedaría frente a hechos consumados.
Ese mismo grave defecto ostenta la iniciativa de otorgar autonomía al Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Conbava), la de seguros y fianzas y la del Sistema de Ahorro para el Retiro. De prosperar esa reforma y realizarse el nombramiento de su personal directivo se prorrogaría por encima de la decisión de los votantes la concepción prevaleciente de la gestión financiera del Estado.
El proyecto, presentado por la bancada priista recibió inicialmente el apoyo del grupo panista que reculó y ahora sólo acompañará la iniciativa en lo que concierne al órgano que recibe los ingresos fiscales, el SAT. El acuerdo de las dos bancadas de mayor tamaño asegura, así, que la reforma salga avante. En cambio, la sospechosa unanimidad de la Cámara de Diputados sobre el régimen de radio y televisión no será reproducida en el Senado, que prudentemente rehusó apresurar la aprobación de la minuta de San Lázaro en diciembre pasado.
Si al menos se respetan los tiempos y los procedimientos parlamentarios debe estudiarse el documento de los diputados en el marco de la reforma pendiente en Xicoténcatl.
