EL PAÍS
WASHINGTON, EU.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (EU) prepara el campo para la gran batalla sobre si George W. Bush violó los límites de la autoridad presidencial al ordenar, en 2002, un programa de escuchas sobre las comunicaciones electrónicas con el extranjero. Hace dos semanas, un informe del Congreso cuestionó las explicaciones dadas hasta ahora, pero no llegó a definirse sobre la legalidad de la decisión.
En la lógica de la “guerra contra el terrorismo”, el titular del Departamento, Alberto Gonzales, que irá al Senado el próximo seis de febrero, ha adelantado en un documento de 42 páginas las bases legales sobre las que la Administración afirma que “las actividades de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) encargada de las escuchas, son indispensables para la defensa del país”.
El presidente, añade el escrito, tiene “la autoridad necesaria para cumplir con esa responsabilidad” mediante el Artículo II de la Constitución, que establece sus poderes ejecutivos. Y las escuchas se llevan a cabo “con plena protección de las libertades garantizadas por la Constitución”. La Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera de 1978 prohíbe que se espíe a ciudadanos estadounidenses sin el permiso de un Tribunal especial. La Casa Blanca ordenó a la NSA intervenir las comunicaciones internacionales por teléfono e Internet de personas sospechosas de conexión con grupos terroristas sin la solicitud del permiso.
Cuando la orden fue conocida, hace un mes, hizo estragos en el Congreso estadounidense, especialmente entre los demócratas, pero también entre numerosos republicanos y fue determinante a la hora de impedir la prórroga de la Ley Patriótica, que refuerza de manera extraordinaria los poderes policiales y que ha sido denunciada por grupos de defensa de los derechos civiles. Dos de estos grupos llevaron el caso de las escuchas a los tribunales el pasado martes.
Lo que Gonzales argumenta es que las acciones de la NSA son “legales en todos los sentidos” y que “sin ellas no habría un sistema de alerta temprana para detectar y evitar un nuevo y catastrófico atentado terrorista”.
Además de la mención a la Constitución, el Departamento de Justicia cree que “en el conflicto específico de Al Qaeda y los grupos terroristas”, la Casa Blanca tiene las manos libres a partir de la resolución del Congreso del 14 de septiembre de 2001 en la que se autorizó al presidente a “usar toda la fuerza apropiada y necesaria contra países, organizaciones o personas que él determine que planeen, autoricen, colaboren o cometan atentados terroristas contra EU”.
De una exhaustiva enumeración de fallos jurídicos y de declaraciones de presidentes republicanos y demócratas, el Departamento de Justicia entiende que “la historia demuestra que la intervención de comunicaciones sin permiso judicial contra objetivos enemigos en tiempos de guerra es parte tradicional y fundamental del uso de la fuerza militar”. La declaración del Congreso, según el Departamento de Justicia, “coloca al presidente en el cenit de sus poderes para autorizar las actividades de la NSA”.
El estudio del Congreso puso en duda que la declaración se pueda traducir en un permiso expreso para las escuchas. Buena parte de los congresistas demócratas y algunos republicanos coinciden con que esa interpretación es abusiva, ilegal e inconstitucional y así se lo harán saber a Gonzales dentro de dos semanas.
La Unión de Libertades Civiles rechazó ayer el análisis de Gonzales. Según su director, Anthony Romero, “los hechos y las leyes demuestran que las escuchas violan la Primera y la Cuarta enmiendas de la Constitución y la Ley de 1978”. Para Romero, “cualquier opinión procedente del Departamento de Justicia debe ser tomada con un sano escepticismo, dado el papel de Gonzales en el caso como asesor jurídico de la Casa Blanca. El zorro no puede estar a cargo del gallinero y por eso hace falta un fiscal independiente que investigue el asunto”.
