Durante el día de ayer, Juan José Ruvalcaba Cruz, fue retenido por la PGR, sin que hasta el momento se haya informado de los motivos.
MÉXICO, D.F., (EL UNIVERSAL-AEE).- El chofer del depuesto líder minero Napoleón Gómez Urrutia, Juan José Ruvalcaba Cruz, fue retenido, al menos durante el día de ayer, en las instalaciones de la fiscalía federal encargada de investigar los delitos relacionados con "lavado" de dinero.
La Procuraduría General de la República (PGR) le notificó al juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal, José Miguel Trujillo Salceda, que "Juan José Ruvalcaba Cruz, fue puesto en libertad a las 21:00 horas del día 19 de marzo de 2006, por el agente del ministerio público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda".
La esposa del chofer, Guadalupe Valadez Ruiz, acudió ante el juez para solicitar que se le concediera un amparo a su marido para evitar que la PGR lo mantuviera retenido e incomunicado.
En respuesta a esta petición, registrada en el juicio de amparo indirecto número 289/2006-II, el juez José Miguel Trujillo Salceda le concedió una suspensión para que la PGR cesará cualquier acto de incomunicación en contra de Ruvalcaba Cruz.
El juez le pidió a la PGR que le informara las acciones que tomara para acatar su orden, recordándole a los ministerios públicos encargados de este asunto que si no cumplían la sentencia incurrirían en un delito.
Y al mismo tiempo, el juez envío a un actuario para verificar cuál era la situación del chofer del depuesto líder minero. Pero al llegar a las instalaciones de la PGR, ubicadas frente al Monumento a la Revolución, el actuario se encontró con que
Ruvalcaba Cruz ya había sido liberado, por lo que el juez procedió a dejar sin efecto las órdenes que había girado y a cancelar el juicio.
Hasta las 14:00 horas, la PGR no ha informado los motivos que originaron la retención del chofer de Gómez Urrutia, quien es acusado de hacer mal uso de los recursos de un fideicomiso de 55 millones de dólares, creado a partir de la privatización de dos empresas mineras.
