ENMIENDA| APRUEBAN AUMENTAR SANCIONES A EMPRESARIOS QUE CONTRATEN INDOCUMENTADOS.
Buscan legisladores agilizar el proceso para la votación final del proyecto de Ley; este podría tener lugar mañana.
Washington, (EFE).- El Senado estadounidense votó hoy a favor de limitar el debate sobre la reforma migratoria, lo que allana el camino para la votación final del proyecto de Ley, que puede tener lugar mañana.
La decisión para impulsar el proyecto hacia su trámite final contó con el respaldo de 73 senadores y 25 en contra.
La Cámara Alta tiene ahora un máximo de 30 horas para someter el proyecto a votación, lo que abrirá un difícil proceso de armonización con el proyecto aprobado por la Cámara de Representantes en diciembre pasado.
El líder de la mayoría republicana en el Senado, Bill Frist, predijo hoy que el proyecto se aprobará en el Senado "no por mayoría absoluta pero sí con un fuerte respaldo" y vaticinó también que se alcanzará un compromiso para armonizar ese proyecto con el de la Cámara de Representantes.
Su optimismo contrastó con las recientes declaraciones del presidente de la Cámara Baja, el republicano Dennis Hastert, quien ha insistido en que los republicanos se opondrán a cualquier proyecto que incluya un amplio programa de legalización de los indocumentados como el del Senado.
"El problema es demasiado grande, con millones de personas cruzando la frontera y miles muriendo al cruzarla", dijo hoy el senador republicano en una entrevista con el programa "Today" de la cadena de televisión NBC.
"Como órgano de Gobierno no podemos simplemente mirar hacia otra parte y decir que no vamos a hacer nada al respecto", insistió.
Por otra parte, el Senado aprobó el martes una enmienda para aumentar las multas a los empresarios que contraten a trabajadores indocumentados como parte del proyecto de reforma migratoria objeto de debate.
Los empleadores podrían, según esa normativa, afrontar penalizaciones de hasta 20 mil dólares por contratar a indocumentados.
Las multas a los empresarios buscan desincentivar la contratación de millones de indocumentados en EU, según los observadores.
La enmienda, que se aprobó por 58 votos a favor y 40 en contra, obliga a los empresarios a utilizar un nuevo sistema informático con en el que participan el Departamento de Seguridad Nacional, la Seguridad Social y el Servicio de Recaudación de Impuestos.
El sistema permitirá verificar si los nuevos empleados son residentes legales en el país.
Aquellas empresas que no usen ese sistema podrían ser sancionadas con entre 200 y 600 dólares.
Las multas de 20 mil dólares por contratar a indocumentados doblan las sanciones existentes en la actualidad.
Los que violen la Ley de forma reiterada podrían ser sentenciados a penas de prisión de hasta tres años, según el texto de la enmienda que se somete hoy a votación.
El Congreso aprobó sanciones a los empresarios como parte de la Ley de amnistía que tuvo lugar en 1986, pero esas multas nunca se impusieron y tanto empleados como empleadores hicieron la vista gorda o pasaron por alto la utilización de documentos falsos.
Según esta normativa, las empresas tendrán que aportar la nformación sobre los nuevos trabajadores tres días después de contratar a los empleados.
El Departamento de Seguridad Nacional se encargará a continuación de comprobar si el empleado en cuestión es o no un residente legal.
"Esto es probablemente lo más importante que podemos hacer para reducir el flujo de trabajadores indocumentados, al asegurarnos de que hacemos cumplir de forma sistemática las reglas que determinan quién es contratado", afirmó el martes pasado el senador de la oposición demócrata Barack Obama.
Los críticos aseguran que pasarán años hasta que se ponga en funcionamiento el sistema de verificación y argumentan que los trabajadores considerados ilegales podrían aferrarse a sus trabajos hasta agotar todas las apelaciones legales pertinentes.
La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de Ley en diciembre pasado que prevé multas de entre cinco mil y 40 mil dólares para aquellos que contraten a indocumentados.
A diferencia del proyecto del Senado, el de la Cámara de Representantes requeriría que las empresas realizasen un chequeo de todos sus trabajadores, en lugar de sólo las nuevas contrataciones.
Ese requisito implicaría la verificación de unos 140 millones de empleados.
