El dramático accidente minero de Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, no sólo expuso la fragilidad de la Ley Federal del Trabajo en el capítulo de previsión y seguridad, cuya responsabilidad es de las empresas industriales; también exhibió la incapacidad de los funcionarios laborales para enfrentar situaciones de crisis y todavía peor, sacó a flote la nula reactividad política del presidente Vicente Fox Quesada cuya respuesta fue inconsecuente al drama de las 65 familias que sufrían la secuela emocional del percance.
No obstante que el señor Fox fue avisado puntualmente del accidente minero por Humberto Moreira, gobernador de Coahuila; de que fue invitado y aún urgido a venir personalmente para dar fe de la situación y transmitir a las familias damnificadas un mensaje de consuelo y solidaridad, el presidente rehusó alterar su agenda, nada importante por cierto, y se limitó en los álgidos días subsecuentes a enviar una que otra frase de cumplimiento a la comunidad de San Juan de Sabinas entre los renglones de una temática distinta; las últimas fueron, además, absolutamente desinformadas.
Así pues el gas grisú condujo su deflagración hasta las débiles relaciones de la Presidencia de la República con el Estado de Coahuila y los demás de la Unión, deterioradas por la deferencia generosa de Fox para los gobernadores del PAN y cicatera para los de otras siglas. Un trato mesurable en toneladas de favoritismo, kilómetros de suspicacia y varios cientos de metros cúbicos de incomprensión, ignorancia y desinterés federalista.
Fueron días cruciales en Pasta de Conchos pues amanecían muy ríspidas las relaciones entre los mineros, la empresa y las autoridades federales, dadas la inexperiencia del secretario del Trabajo y las majaderías del director de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, a quienes se demandaba información veraz, por más dura que fuera, sobre la situación al interior del explosivo túnel ocho.
Desesperados ante las respuestas evasivas, que deseaban crear una falsa esperanza, las familias mineras se irritaban todavía más por la reticencia del delegado de la STyPS en Coahuila que no informaba los resultados de la inspección que realizó la comisión tripartita de seguridad realizada el siete de febrero, 12 días antes del evento. “Todo estuvo bien” se limitaba a responder Pedro Camarillo evidenciando su inseguridad con la perogrullada “así son los accidentes” aunque le faltó agregar: “cuando suceden”.
Entre tanto, el líder sindical de los mineros, Napoleón Gómez Urrutia, aparecía y desaparecía sin comprometerse en aquel drama: él cargaba el suyo, muy grande, que ahora flota con el desconocimiento a su dirigencia.
El viernes 24 de febrero creció la presión en el mineral. Finalmente, el secretario Salazar leería un nervioso aviso sobre la suspensión de la búsqueda. También se conoció la opinión de expertos estadounidenses que descartó la posibilidad de vida humana en el túnel ocho. Ello exacerbó el disgusto de los cientos de trabajadores que anhelaban conocer la nuda verdad, lo que provocó que uno de los mineros lanzara un par de guantadas al rostro secretario del Trabajo.
Mal hecho en verdad, pero bajo tales circunstancias ¿quién actúa bajo normas de urbanidad? A cada quien le duele lo suyo y el gobernador Moreira compartía el dolor de su gente: cerca del secretario Salazar desesperaba al ver cómo los funcionarios federales reaccionaban con molestia ante las exigencias de los familiares. La presencia del gobernador puso prudencia en la difícil coyuntura y los mineros acataron como una forma de corresponder a la actitud solidaria del profesor Moreira y de su esposa, quienes habían estado velando, desde el domingo 19 de febrero, por la asistencia moral y material de las familias damnificadas y de los mineros, jóvenes y viejos, de piel endurecida por anteriores experiencias, que ayudaron a mantener la estabilidad emocional de los afectados en los días dolorosos.
Las entrevistas del gobernador Moreira con los reporteros de todos los medios de comunicación (lunes 27) revelaron la conducta errónea o de mala fe por parte de los funcionarios federales y de los empresarios de Minera México que se preocuparon, desde el primer momento, por alentar falsas expectativas acerca de la supervivencia de los 65 mineros atrapados. Empresa y Secretaría del Trabajo operaban coordinadas. Su más importante objetivo era clausurar el túnel ocho, suspender el trabajo de extracción de carbón en la mina con pago de salario completo a los trabajadores, proceder al desalojo de los curiosos y no permitir el ingreso de los inspectores del trabajo “hasta que la casa estuviera limpia de gas grisú y de riesgos” pero también de previsibles evidencias de inseguridad. Cuando se abra el túnel ocho los cuerpos inánimes podrían estar calcinados, hechos ceniza y caber, todos juntos, en alguna urna de tamaño regular. Por ello el hallazgo de cualquier evidencia de responsabilidad para la empresa y de omisión para la STyPS podría resultar inconducente.
Pronto se iniciará el pago de las indemnizaciones patronales. Más tarde se organizarán las becas de estudios para sus hijos. Con lentitud se entregarán a las viudas las casas prometidas. Los días transcurrirán con su ritmo acostumbrado y el piadoso Cronos irá cubriendo con su terapéutico olvido los agravios.
La Ley permanecerá igual. Los arreglos entre empresas e inspectores de Seguridad seguirán propiciando accidentes, pero eso sí, dijo el secretario Salazar: “la investigación se hará, nadie lo dude”. Lo cual nos hizo recordar frases parecidas, escuchadas en casos semejantes y la misma conclusión: “nada había, nadie es culpable, fue sólo un accidente”. Costumbre vieja, invisible, homicida e impune como el mismo gas grisú...
