“Abusa de un hombre injustamente y le crearás muchos amigos”.
Edgar Watson Howe
Valentina Palma, estudiante chilena de cinematografía que ha vivido en México durante 11 años, fue detenida en San Salvador Atenco el pasado cuatro de mayo. Ella afirma que acudió a ese municipio, en el momento del conflicto, tras escuchar en los medios que un chico de 14 años había fallecido en la zacapela. Su intención, dice, era grabar los acontecimientos con su cámara.
La policía entró con exceso de fuerza al pueblo, relata la joven chilena, y ella y otras personas fueron golpeadas por policías. Después fueron arrojados en camiones donde iban muchos otros detenidos.
Un grupo de policías golpearon y humillaron a todos. A ella la vejaron sexualmente. La golpearon en las nalgas y los pechos. No la violaron, dice, “si violar significa penetración con el miembro masculino. Pero sí me introdujeron los dedos en la vagina”. Las pertenencias de ella y del resto de los detenidos fueron robadas.
Después de ese recorrido de varias horas, Palma fue presentada ante las autoridades judiciales. Al determinarse que era extranjera, se le remitió al Instituto Nacional de Migración que, sin más trámite, la expulsó del país.
El recuento de Valentina Palma lo ofrece, en términos muy similares, una activista española, Cristina Vals, quien se identifica como “observadora de derechos humanos”, aunque señala que no colabora con ninguna organización. Refiere también los golpes y los abusos sexuales. Señala que no fue violada, pero afirma que una mujer mexicana, también detenida, le refirió que sí había sufrido una violación por parte de la policía.
Ante mi posición de que, así como deben sancionarse las violaciones a la Ley de los radicales que armaron el zafarrancho desde el tres de mayo, debe también castigarse a los policías que cometieron abusos al entrar a San Salvador Atenco el cuatro de mayo y en el traslado de los detenidos, he recibido decenas de correos electrónicos de lectores que afirman que los militantes sólo recibieron su merecido. Es muy generalizada la idea de que no debe haber ninguna sanción a las policías independientemente de su conducta.
Si bien entiendo esta reacción ante la exasperación que han generado entre la población las propias autoridades al permitir una y otra vez manifestaciones, bloqueos y hechos de violencia de grupos políticos, estoy en desacuerdo con ella. La Policía liberó la carretera Texcoco-Lechería y el pueblo de San Salvador Atenco para hacer cumplir la Ley. Pero no es aceptable que se viole una Ley para hacer cumplir otra Ley.
¿Mintieron estas mujeres extranjeras que han denunciado los abusos sufridos? No lo sé, pero nadie puede pretender saberlo si no se realiza una investigación a fondo que tome en cuenta las declaraciones de todos los presentes y que considere todos los demás indicios y pruebas disponibles. ¿Por qué no ha habido otras declaraciones claras que señalen estos abusos? Recordemos que hasta ahora sólo hemos podido escuchar las voces de aquellos detenidos que han sido expulsados del país. Hasta el momento las autoridades no nos han permitido conocer los puntos de vista y las declaraciones de quienes se encuentran todavía detenidos.
¿Tenía el Gobierno mexicano el derecho de expulsar a los extranjeros? Sin duda. Su calidad migratoria no les daba derecho de participar en actividades políticas ni mucho menos en actos ilegales como el bloqueo de carreteras o la toma violenta de un pueblo. ¿Por ser extranjeras las declarantes no debemos tomar sus puntos de vista en consideración? Por supuesto que no. El Gobierno de México tiene derecho a expulsar a extranjeros que violan la ley pero no a violar sus derechos humanos ni a negarles la facultad de denunciar abusos.
Yo entiendo que las policías estatal y federal que entraron a San Salvador Atenco el cuatro de mayo tenían derecho a usar la fuerza para someter a unos manifestantes que habían dado ya amplias muestras de un comportamiento violento. Me doy cuenta también que los policías estaban furiosos tras recibir un nutrido bombardeo de piedras, bombas molotov y machetazos y después de que decenas de sus compañeros fueron salvajemente golpeados. Pero una cosa es controlar por la fuerza a un radical violento y otra muy distinta golpearlo cuando está ya bajo custodia.
No hay vuelta de hoja. Debemos exigir que la Policía siga haciendo cumplir la Ley. No le puede seguir temblando la mano a la autoridad cuando los grupos políticos violentos la retan con machetes u otras armas. Pero también debemos demandar una investigación a fondo sobre los abusos que puedan haberse cometido en contra de los radicales de San Salvador Atenco.
Éstas posiciones no son contradictorias, como lo afirman algunos lectores. Por el contrario, las dos surgen del deseo que los mexicanos vivamos en un verdadero estado de derecho.
CONSEJO
México logró ser incluido entre los miembros del nuevo Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y está bien que lo sea. Pero eso significa que debemos intensificar nuestros esfuerzos por castigar las violaciones a los derechos humanos en nuestro país, aun las que cometan las policías en sus esfuerzos por hacer cumplir la Ley.
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