¿Por qué huyó Arturo Montiel de la carrera presidencial si sus cuentas estaban tan claras como las enunció el miércoles pasado ante el Ministerio Público? Hubiera sido muy sencillo anticipar esa operación en octubre, cuando estalló el escándalo generado por informaciones públicas sobre su fortuna. Con ello, además, habría tapado la boca a Roberto Madrazo, que lo acusó e hizo mofa del mexiquense. En la disputa por la candidatura a la Presidencia, un rotundo desmentido, tan precisa como su autobiografía empresarial, que narra una exitosa vida iniciada a los trece años, hubiera hecho crecer sus posibilidades de triunfo ante quien, por la fuga de su adversario, solicitó el domingo ser registrado como aspirante presidencial.
Esa es una de las cien razones por las que la exoneración de Montiel carece de crédito y, al contrario, suscita indignación. Otra es la celeridad con que se envió a la reserva el caso. Corrieron menos de 48 horas entre la presentación de Montiel en la Procuraduría de Justicia de su entidad natal y la conferencia de prensa en que lo exoneró su antiguo colaborador Alfonso Navarrete Prida. En su comparecencia, Montiel adujo documentación que expresaba la ruta de su enriquecimiento, desde que coexplotó con su padre concesiones de cerveza y refrescos hasta la administración de empresas fraccionadoras. Sólo su revisión hubiera requerido más tiempo.
La averiguación previa se inició propiamente después del 25 de noviembre, cuando el denunciante José Luis Cortés, regidor perredista del ayuntamiento de Tlalnepantla fue llamado a ratificar la denuncia presentada un mes atrás. Dicha denuncia incluía a Luis Enrique Miranda Nava, subsecretario de Finanzas y Administración de Montiel, y actual candidato priista a la alcaldía de Toluca, y la señora Maude Versini. Miranda Nava, que a su vez denunció por difamación a Cortés (lo cual generó una averiguación previa que sin sustento legal el Ministerio Público abordó conjuntamente con la denuncia original), compareció en la procuraduría el 22 de diciembre pasado. Pero la señora Versini no fue nunca llamada a declarar.
La víspera de que se presentara Miranda Nava a negar los hechos de que se le acusa, la Secretaría de la Contraloría, a cargo de Eduardo Segovia, nombrado por Montiel, como Navarrete Prida, y como él ratificado por el sucesor Enrique Peña Nieto, remitió a la Procuraduría el informe sobre “la evolución patrimonial documentada” de Montiel, “en el que se afirma que existe consistencia entre lo declarado y los ingresos obtenidos por el Lic. Montiel durante su gestión en la gubernatura del estado”.
El seis de enero el regidor Cortés presentó por escrito una ampliación de su denuncia y declaración. Sin embargo, en el resumen informativo con que la Procuraduría de Justicia estatal dio cuenta de la exoneración de Montiel el 13 de enero, se dice que en esa fecha, Cortés “pretendió desistirse de su denuncia con el argumento (de) que la misma fue presentada por él, basada en notas periodísticas, y a través de Internet, y que no le constan los hechos materia de la investigación”. Es falso, pues que, el regidor de Tlalnepantla haya pretendido desistirse cuando lo que hizo fue ampliar su denuncia, efectivamente fundada en información publicada en los medios. Desde el principio fue así: Cortés actuó para evitar que las procuradurías federal y estatal pretextaran falta de denuncia formal tras la aparición en diversos medios de datos de la fortuna de Montiel y su familia. Por ello, y porque hacerlo es justamente la labor de la pesquisa ministerial, resulta torpe, y potencialmente peligroso, el dicho de la Procuraduría de que “el denunciante no proporcionó elemento alguno que acreditara los delitos de los que acusó” a Montiel.
Dos meses y medio después de iniciada la averiguación, al cabo de ella, el once de enero acudió Montiel a declarar. Es de suponerse que tras la comparecencia del denunciado, se emprendería una labor de cotejo de la documentación que aportó con la previamente obtenida en la averiguación, y de autenticación de tales documentos, emprendida en las fuentes de donde provienen, como el archivo de notarías, por ejemplo. No parece que se realizaran esas operaciones. No lo refiere, al menos, la comunicación de prensa difundida por la Procuraduría estatal. De suerte que el Ministerio Público confió en la palabra de Montiel y por ello le resultó sencillo exonerarlo: dice el denunciado que nada de lo señalado es cierto; luego entonces, no es cierto, no hay delito que perseguir y el expediente se envía a la reserva.
Montiel entregó copia de las manifestaciones de bienes que conforme a la Ley presentó al causar alta en el Gobierno Estatal en 1999 y las que durante los seis años siguientes contienen modificaciones a su patrimonio. Por alguna deferencia inexplicable legalmente, y como si viviéramos en el siglo XIX en que las esposas acudían a la justicia sólo representadas por su esposo, el Ministerio Público aceptó documentos semejantes relativos a los bienes de la señora Maude Versini que, repito, pese a figurar como denunciada no compareció nunca a declarar.
Dice la Procuraduría que “la documentación presentada por el Lic. Montiel, por su propia naturaleza es confidencial”. Debía ser al contrario: por la propia naturaleza del escándalo esos documentos deben ser publicados, a fin de que se compruebe que en su momento, no ahora, se documentó una ejemplar historia de éxito que debía enseñarse en las escuelas de negocios.
