En el año 2008, el presidente de México -sea quien sea- deberá afrontar un problema mayúsculo. Al entrar en vigor las providencias finales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC, NAFTA) serán eliminadas las últimas tarifas existentes sobre maíz y frijol norteamericanos exportados a México.
El campesinado mexicano no podrá competir. La consecuencia será mayor pobreza, un éxodo mayor de trabajadores y el triunfo de una contradicción: la agricultura de los EU recibe poderosos subsidios oficiales, recordándome un curioso canje de propósitos entre el presidente norteamericano Ronald Reagan y el mandatario africano Julius Nyerere, presidente de Tanzania, en la cumbre celebrada en Cancún en 1981. Allí, Reagan puso de ejemplo para los países pobres la vitalidad de la agricultura de EU gracias al carácter irrestricto de la libre empresa y a las bondades del mercado. Nyerere, un hombre de gran inteligencia, le contestó con un disparo al atribulado Reagan: ?La agricultura de los EU, señor presidente, es la más subsidiada del mundo entero?.
Es esa agricultura supersubsidiada, superprotegida y superrentable, al grado de que sólo emplea a una fracción mínima de la población y logra alimentar a la nación y exportar al extranjero, la que en 2008 invadirá lo que queda de nuestro mercado agrícola. Mientras nuestros importadores reciben préstamos a bajo interés para comprar cosechas norteamericanas, tres millones de toneladas de maíz mexicano se pudren en las bodegas. Nuestro maíz es demasiado caro para competir con el norteamericano. Y esto en un país donde la mitad de la población vive en grados diversos de pobreza.
El tema incide con la problemática de la migración laboral mexicana hacia los EU, por muchos motivos, entre otros, la lacería de nuestra agricultura. Si mi información es correcta, entiendo que México, al negociar el TLC, quiso incluir el tema de la migración laboral. La parte norteamericana habría contestado que con mucho gusto, a condición que se incluyera en el tratado el acceso de los EU a la riqueza petrolera de México. El quid, pro quo, no fue aceptado por nuestro país y a partir de entonces, el Gobierno de Washington ha repetido una y otra vez que no tiene interés en renegociar el TLC.
El problema es mayor porque el presidente que tengamos en 2008 deberá confrontar, al mismo tiempo, la invasión del producto agrícola de los EU, la decadencia acentuada de la agricultura mexicana y el éxodo multiplicado de campesinos. Para ceñirme al asunto migratorio, éste se verá exacerbado, entonces, por la miseria del campo mexicano, por el creciente éxodo de trabajadores y por el debate interno norteamericano acerca de las reglas para admitir o repeler la ola migratoria mexicana.
La pugna en los EU es entre quienes buscan soluciones porque conocen los problemas y quienes desconocen los problemas y por ello niegan las soluciones. Entre los primeros, destacan los senadores Edward M. Kennedy (D, Massachussets) y John McCain (R, Arizona). Conscientes que los EU requieren medio millón de trabajadores cada año y de tiempo completo para alcanzar las metas de la producción, Kennedy y McCain proponen emitir cuatrocientas mil visas nuevas en los próximos tres años, haciéndolas renovables por seis años, protegiendo a los trabajadores y a sus familias y abriendo el camino para una fuerza laboral migratoria estable, segura y productiva. El alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, resume la fórmula: Los EU tienen derecho a proteger sus fronteras. Pero también tienen la obligación de regular la migración laboral de manera justa y productiva.
En cambio, la Ley Sensenbrenner HR4437 del Senado no sólo penaliza la migración: la criminaliza, considerando al trabajador migratorio un reo sujeto a la cárcel y a la deportación. La aplicación de esta Ley racista y discriminatoria crearía una pesadilla policiaca. Varios millones de trabajadores y sus familias serían detenidos, encarcelados y deportados. La cuestión es la siguiente: ¿Quién tomaría sus puestos de trabajo? Meter a once millones de emigrantes en la cárcel equivale, ni más ni menos, a cinco veces el número de ciudadanos norteamericanos encarcelados en la actualidad.
Hoy, la Guardia Nacional ha sido desplazada a la frontera con México (antes de embarcarse rumbo al sangriento pozo sin fondo de Irak, en una operación rotativa). Los ?Vigilantes?, organización represiva de corte fascista, se ha autodesignado para atrapar y matar inmigrantes. Y un servicio macabro de vigilancia televisiva permite a un buen ciudadano de Virginia o Illinois detectar el paso de trabajadores y denunciarlos a las autoridades (o a los ?vigilantes?). En muchos comercios de los EU se encuentran videojuegos en que más puntos gana quien más mexicanos mate cruzando la frontera. Matar a una mujer embarazada vale dos puntos.
Aunque el tema se encuentra en suspenso legislativo en los EU y el presidente George W. Bush apenas ha ofrecido un paño caliente electoralista resucitando la oferta de trabajadores huésped, sin duda el siguiente presidente de México tendrá que atender un asunto que desborda no sólo la decisión unilateral de los EU sino que implica la responsabilidad de México. Doble responsabilidad. Diplomáticamente, preparar el terreno con proposiciones que deben incluir el otorgamiento de status de trabajadores temporales a nuestros migrantes, seguido del derecho a la residencia y finalmente el acceso a la ciudadanía. Semejante acuerdo requerirá una diplomacia astuta, un cabildeo eficaz y el respaldo político interno en México. Éste, a su vez, dependerá de la responsabilidad nuestra de crear empleo.
Sin embargo, el tema que trato está dejando de ser sólo asunto bilateral y de ninguna manera sólo unilateral, para convertirse en asunto global. Una revisión de las fronteras del mundo nos permite observar que la migración laboral es tema internacional. Trátese de chinos entrando a Siberia, de norafricanos entrando a Malta, Bari, las islas Canarias, de bolivianos entrando a la Argentina o de mexicanos y centroamericanos entrando a los EU.
Estamos ante un fenómeno que es ya inseparable de la globalización y que nos permite observar que ésta no es sólo asunta de liberalización del mercado de cosas y valores, sino de valoración del mercado del trabajo. ¿Por qué emigran los trabajadores del Sur al Norte? Porque en sus países el trabajo es malo o inexistente o inferior al del Norte. Por razones de injusticia también. De allí podemos deducir que la única manera de disminuir la migración Sur-Norte es creando mejores condiciones de trabajo y de justicia en los países del Sur.
Las políticas para cambiar de manera favorable y humana este creciente problema local, bilateral y global, consisten, nos recuerda Julieta Campos en su libro ya clásico pero siempre actual, ¿Qué hacemos con los pobres?, en usar el capital social para superar la situación actual de enclaves de prosperidad rodeados de extensas periferias marginadas y crecientes brechas entre ambas. Carlos Slim concreta esta sugerencia pidiendo mayor atención al sector interno de la economía mediante el impulso al sector agropecuario, la vivienda y la infraestructura. La pobreza no crea mercado, ha dicho repetidas veces Slim. A mayor desarrollo corresponde un mercado más fortalecido. A mayor empleo corresponde mayor recaudación fiscal.
Tuve el honor, el pasado mes de mayo, de recibir en Holanda el Premio Franklin D. Roosevelt a las Cuatro Libertades junto al economista Muhamad Yunus, creador de los sistemas de microcréditos rurales en Bangladesh. El Banco Rural de Bangladesh ha prestado, en treinta años, cuatro mil millones de dólares a dos millones de clientes. El 94 por ciento son préstamos a mujeres, madres y amas de casa. El préstamo promedio es de doscientos dólares USA. El grado de devolución es del orden del 98 por ciento. Las mujeres son las mejores creditohabientes: usan el dinero para mejorar su casa y lo emplean sobre todo para la educación de sus hijos.
La relación entre trabajo, educación y crédito nos conduce, en términos de Joaquín Estefanía, a una ?globalización con semáforos? que pondría en la agenda global los temas de la pobreza, la desigualdad, el medio ambiente, la migración, la educación y los derechos humanos. Ello nos pone a las puertas de lo que Fernando Henrique Cardoso ha llamado ?un nuevo contrato internacional? con el propósito de ?globalizar la solidaridad?. Este cambio, recalca el ex presidente de Brasil, exige la presencia del Estado, pasa por la mediación del Estado. De tal suerte que en los próximos seis años, el Gobierno de México no puede abstenerse, ni de palabra ni de hecho, de un esfuerzo que se inicia en lo local para llegar a lo bilateral y trascender, al cabo, a lo global.
He dicho ?seis años?. ¿Y qué tal si nuestra siguiente Presidencia sólo dura entre catorce y dieciocho meses? De esto me ocuparé en el siguiente artículo.
