“Hay una violencia indispensable: la
violencia contra la violencia. Aunque sólo fuera para evitar las fatales consecuencias de la violencia sin oposición”.
André Maurois
Una vez más ha estallado la violencia entre activistas políticos y policías. Una vez más los protagonistas han sido miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco.
Este grupo se ha distinguido por usar machetes para amedrentar al Gobierno y para obtener de él lo que desea. Ayer lo hizo nuevamente, pero el resultado fue una verdadera batalla. Decenas de policías, vecinos y ambulantes fueron lesionados. Cuando menos dos personas murieron.
La violencia que estamos viendo en manifestaciones, bloqueos y paros en todo el país es consecuencia de la decisión de los gobiernos -municipales, estatales y federal- de ceder el monopolio del uso de la fuerza a los distintos grupos de presión política que proliferan en el país. Este monopolio es una de las características esenciales del Estado. En el momento en que desaparece se produce un vacío que todos los grupos buscan ocupar. Eso ocurrió ayer y ha sucedido en decenas ocasiones en los últimos años, ya que cada grupo de poder piensa -o sabe- que puede imponer su Ley al Gobierno.
Ayer, día de la Santa Cruz, un grupo de comerciantes ambulantes trató de instalarse en un mercado público para vender flores. La Policía Municipal trató de desalojarlos, pero los ambulantes contaban con el apoyo de militantes atenquistas armados con machetes. Éstos rechazaron a la Policía y tomaron la muy transitada carretera Texcoco-Lechería.
Hasta ahora los machetes, que se han convertido en un emblema de los activistas atenquistas, habían servido simplemente de amenaza ya que su mera exhibición había sido suficiente para amedrentar al Gobierno. Fueron esas armas, recordemos, las que hicieron que el presidente Fox y el entonces secretario de Gobernación Santiago Creel se echaran para atrás en el propósito de construir un nuevo aeropuerto en Texcoco. Ayer, sin embargo, ocurrió lo inevitable: los machetes se usaron no sólo como amenaza sino como instrumento de fuerza contra los policías a los que se les encomendó la misión de hacer cumplir la Ley.
Después de varias horas de bloqueo, un contingente de policías estatales y federales trató de liberar la carretera de Lechería. Los activistas, sin embargo, se defendieron con piedras y bombas tipo Molotov. La violencia fue creciendo hasta que las Fuerzas de Seguridad tuvieron que huir.
No es ésta la primera vez en que los distintos niveles del Gobierno mexicano demuestran que han perdido el monopolio del uso de la fuerza. Hoy son los grupos de presión los que han logrado prevalecer sobre el poder del Estado mexicano.
Fuimos testigos de una situación similar hace años en el conflicto sobre el aeropuerto de Texcoco. Lo vimos también hace algunas semanas en el enfrentamiento en la planta de Sicartsa, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Una y otra vez el Estado mexicano demuestra no sólo una gran torpeza en el uso de la fuerza para aplicar la Ley sino incluso una falta de decisión una vez que se toma la decisión de actuar.
Recordemos el caso del Gobierno de Michoacán, cuya Policía participó en el intento de desalojo de Sicartsa. El gobernador Lázaro Cárdenas Batel, decidió retirar su Policía de la planta después de los hechos. Destituyó además a su secretario de Seguridad Pública y al jefe de su Policía Ministerial. Investigó a sus propios policías y consignó a uno, Gilberto Nezahualcóyotl Gómez Coria; significativamente ayer la juez que llevaba el caso lo dejó en libertad porque no se acreditó su responsabilidad.
Los grupos de presión en nuestro país se han dado cuenta de la debilidad de nuestros gobiernos. Saben que la autoridad se paraliza cuando tiene que usar la fuerza para aplicar la Ley. Los funcionarios públicos que al asumir sus cargos juran cumplir y hacer cumplir la Ley, tratan de negociar su aplicación una vez que llegan al poder.
Quienes ocupan cargos de responsabilidad en México piensan que si abdican del monopolio del uso de la fuerza evitarán la violencia. La experiencia nos dice, sin embargo, que el temor a hacer cumplir la Ley debilita al Gobierno y provoca nuevos estallidos de violencia.
El vacío de poder se traduce en una verdadera Ley de la Selva. Los grupos más poderosos son los que consiguen el favor del Estado en detrimento de quienes sí cumplen la Ley. Lo peor de todo es que una autoridad que abdica de su responsabilidad lejos de evitar explosiones de violencia las fomenta.
DAÑO MORAL
La Ley debe dar oportunidad a las personas de defenderse de actos de difamación, calumnia y daño moral. Pero me inquieta el fallo contra Olga Wornat y la revista Proceso en el caso de la publicación del acta de anulación del matrimonio religioso de Marta Sahagún. Muchas afirmaciones en los libros de Wornat me parecen difamatorias, pero no creo que deba castigarse la reproducción fidedigna de un documento que sugiere la influencia política de un personaje público. Recordemos que el Artículo 1916 Bis del Código Penal del Distrito Federal establece: “No estará obligado a la reparación del daño moral quien ejerza sus derechos de opinión, crítica, expresión e información”.
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