Una vez asumidos los compromisos y hasta ratificados, llega el tiempo de los hechos. Las nuevas autoridades, tanto a nivel estatal como municipal, deben demostrar que no se prometió sólo por prometer al calor de la campaña, sino que existe una voluntad sólida de sacar adelante todos y cada uno de los asuntos pendientes; que se abatirán efectivamente los rezagos y que se lograrán avances concretos en el combate al crimen organizado y la corrupción.
Nadie, con los pies bien puestos en la tierra, aspira a la perfección; resultaría extraordinario, notable y hasta curioso, que en la Comarca Lagunera hubiera alguien que creyera que la suma de todos los problemas pueda desaparecer de un día para otro. En cambio, en términos de realidad, es viable esperar que se den pasos firmes para la solución de aquéllos, los problemas más sentidos de la población y sobre los cuales, los que hoy nos gobiernan, asumieron un compromiso formal de atacar de frente y abatirlos en la medida en que los recursos y el talento lo permitan.
Más allá de los deseos, nuestras nuevas autoridades deben combatir la corrupción para lograr una disminución significativa, cuantitativa y cualitativamente, de todos los actos de los servidores públicos -de todos los niveles- que impliquen complicidad, favoritismo y/o contubernio; todos los arreglos, pactos y acuerdos por abajo, por encima o a un lado de la Ley.
En forma paralela, las autoridades estatales y municipales deben atacar en forma decidida y eficaz todas y cada una de las expresiones del crimen organizado (especialmente al narcomenudeo) ya que ésa es precisamente una de las demandas ciudadanas más sentidas. Con la misma entereza y férrea voluntad política se deben acabar todos los feudos extralegales de poder y al menos intentar eliminar los vicios propios de la burocracia para que todos los servidores públicos entiendan, finalmente, que no son otra cosa que empleados del pueblo y que a él deben rendir cuentas con total transparencia.
A todo eso se comprometieron y nada menos será admisible.
