El Siglo de Durango
Aún pendiente la reforma a la Ley de Obra Pública del Estado. Gabriel Montes Casas, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles (CIC), señala que con las reglas actuales y el afán de los constructores de ganar la licitación, malbaratan su trabajo poniendo en riesgo la calidad del mismo así como la estabilidad financiera de sus propias empresas.
El líder de los ingenieros civiles espera que el análisis de dicha legislación se retome en el Congreso Local. ?Las aportaciones están hechas por parte del Colegio y de otros organismos como la Cámara de la Construcción para que entre al estudio la Comisión de Desarrollo Urbano del Congreso y vamos a esperar a que nos convoquen para una nueva reunión donde se pueda discutir en una forma muy amplia?, dice.
Entre los puntos más importantes de la reforma cita la participación en los comités de obra, tanto del Gobierno como del Municipio, el cambio de modalidad para los fallos en los concursos, la inclusión de la aportación a los colegios para la actualización y la capacitación.
Recuenta que el año pasado organizaron un foro al cual asistieron como ponentes especialistas de Aguascalientes, quienes les plantearon las adecuaciones efectuadas a la Ley de Obra Pública de dicho Estado y los resultados satisfactorios que han obtenido.
?Se trata de asignar la obra no necesariamente a la propuesta solvente más baja sino dentro de un rango aplicando unas fórmulas. Eliminar la propuesta más alta y más baja y establecer un rango de ciertos valores para que de esta manera, quien resulte ganador pueda tener acceso a la obra con precios justos y con un margen de utilidad, que se eche un clavado?, narra.
Reconoce que han sido los mismos constructores quienes han permitido que su trabajo sea mal pagado, esto conlleva retrasos en la obra, problemas administrativos y pérdida de la calidad en los mismos trabajos.
?Representa conflictos porque al no haber liquidez y al haber cobrado menos de lo que cuestan las obras habrá un punto de conflicto que se puede derivar de abandono de obras o de mala calidad?, complementa.
Así, con tal de ganar el contrato, cobran menos y sacrifican su maquinaria. ?La idea es desterrar esas prácticas y de una nueva forma de emitir los fallos en los concursos, los obligará por ley a que aspiremos a un precio justo de la obra y aunque sea un margen pequeño de utilidad?, enfatiza.
Todas las reformas son buenas porque hablan de una necesidad actual, según puntualiza el profesionista. En el caso de la Ley de Obra Pública se debe hacer más democrática la participación. ?Estamos incluyendo una aportación para los colegios de profesionistas porque es importante no perder de vista que la actualización, capacitación debe ser un rubro que debe preocupar tanto al Gobierno, a las instituciones educativas y a los organismos de profesionistas?, agrega.
Pasos a seguir
En el proceso de licitación de la obra pública se siguen los siguientes parámetros:
-La dependencia convocante verificará el debido análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, conforme a las disposiciones que expida, eliminando las propuestas que contengan precios especulativos con referencia al presupuesto base.
-Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al licitante que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
-Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y remunerables y por tanto satisfacen la totalidad de los requerimientos de la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo.
-El concepto que se debe entender por solvente, es de que sea capaz de cumplir cuidadosa y celosamente una obligación; y remunerable, que produce una recompensa, utilidad o provecho.
FUENTE: Ley de Obra Pública del Estado de Durango. Artículo 43.
